El anuncio surgió en los últimos días y se advierte como un hecho por demás interesante: el Gobierno provincial impulsa la construcción de una cárcel correccional en Lavalle, que alojará a los presos que hayan cometido delitos sin violencia y que tengan una pena de hasta tres años de prisión como máximo.
El ministro de Seguridad, Gianni Venier, explicó que se ha previsto una inversión de 50 millones de pesos y que el objetivo es que el delincuente que cometa su primer delito no se mezcle con otros experimentados, porque corren el riesgo de que estos últimos les transmitan la denominada "cultura tumbera".
Poco más de dos décadas atrás, un ex gobernador de la Provincia, ante la consulta sobre si su gobierno tenía la intención de construir una nueva cárcel, respondió que, en el orden de prioridades, figuraba primero la construcción de hospitales y en segundo término una nueva penitenciaría.
El mandatario basaba su planteo en las necesidades urgentes con que contaba la provincia, pero el correr de los años y los planteos efectuados por los organismos internacionales respecto de la situación en que vivían los presos, llevaron a que se impulsara la construcción de nuevos lugares de detención, como sucedió con Cacheuta.
Aún así, la población carcelaria se incrementó mucho más rápido que los nuevos lugares de detención y las estadísticas señalan que en sólo 15 años creció un 86 por ciento la población carcelaria en Mendoza.
Los datos realmente preocupan, en razón de que en ese mismo lapso, la población total de la provincia aumentó un 17 por ciento y se supo que en la actualidad la población total que vive tras las rejas asciende a 4.606 personas, a las que cabría agregar 547 que se encuentran bajo el régimen de prisión domiciliaria.
La mayoría de los internos se encuentran alojados en Almafuerte, Boulogne Sur Mer y San Felipe, y del total de detenidos 4.086 son presos provinciales (un 89%) y 520 federales (un 11 por ciento), lo que ha derivado también en que la provincia se encuentre trabajando en la finalización de las obras de la cárcel federal.
Otro de los aspectos que preocupa se centra en el hecho de que Mendoza es la tercera provincia con mayor nivel de prisionalización del país, con 230 presos por cada 100 mil habitantes, sólo superada por Salta, con 249 presos y Buenos Aires, con 242. Según un estudio reciente, que determinó un debate político, las actuales construcciones no alcanzan para cubrir las necesidades por lo que surge la exigencia de buscar medidas alternativas.
Entre esa lista de posibilidades aparece como un hecho importante el anuncio de la construcción de una nueva cárcel, en este caso en Lavalle, que tendrá una capacidad máxima de 389 personas y se erigirá sobre un terreno de 94 hectáreas, y alojará sólo a quienes hayan cometido delitos iniciales, sin violencia y que tengan hasta tres años de prisión como máximo.
El objetivo es ciertamente valioso, en razón de que se intenta así evitar que esas personas que han cometido delitos menores convivan con personas que cuentan con condenas mucho mayores.
Dentro del esquema general, hay otro aspecto a considerar no menos importante. Años atrás surgió una iniciativa parlamentaria destinada a construir pequeñas cárceles en diferentes lugares de la provincia.
Pero esas intenciones se dieron de bruces con la negativa inmediata de los intendentes, quienes aducían que la experiencia demuestra que esos lugares de detención suelen ser rodeados por villas inestables en las que residen familiares de los presos.
Una situación que no se da en Cacheuta, por la lejanía y que muy difícilmente se vaya a producir en Lavalle porque aún aplicándose la máxima condena para los allí detenidos, de ningún modo puede superar los tres años.
La intención de construir una nueva cárcel en Lavalle resulta entonces interesante por las características y los objetivos impulsados por los autores de la iniciativa.
