El informe, técnicamente hablando, fue una auditoría de corte que encargó la vicegobernadora, Laura Montero, a la Auditoría General de la Nación (AGN). El pedido fue formulado durante la extensa transición política con el consentimiento del entonces gobernador electo.
De acuerdo con los números que se conocieron luego del trabajo, y según lo explicado por la Vicegobernadora al momento de darlo a conocer oficialmente, la situación financiera del Estado provincial recibida por el actual gobierno fue "mucho peor" de lo que estimaban durante la campaña electoral en el frente político que condujo al licenciado Cornejo a la conducción del Poder Ejecutivo. En base a esos números se elaboró el Presupuesto provincial para el corriente año, que luego la Legislatura avaló, incluso, con el voto a favor del principal sector de la oposición, el Frente para la Victoria.
De acuerdo con los resultados, la nueva administración provincial pudo saber, entre otros aspectos, que la existencia de una inmensa deuda sin el correspondiente registro obedeció a que hubo gastos realizados por la anterior gestión sin la imputación correspondiente y sin órdenes de pago. También, según lo explicado el día de la presentación del informe de la AGN, hubo incumplimiento de transferencias automáticas a municipios con recursos provenientes del Fondo Federal Solidario y del financiamiento educativo. Además, montos que fueron retenidos a los municipios por conceptos de seguridad social no tuvieron la correspondiente transferencia a los organismos destinatarios; el de la OSEP es un ejemplo. Entre las anormalidades determinadas se mencionaron atrasos significativos en registros contables y en conciliaciones bancarias y la no contabilización de fondos por coparticipación. Además hubo transferencia de personal e incorporaciones que se concretaron por fuera del marco legal.
Más allá de las especulaciones políticas que este tipo de acción siempre genera, es de destacar que la solicitud de la investigación a la AGN por parte del nuevo gobierno resultó razonable. Es poco probable que en el ámbito del Estado provincial se hubiera podido llegar a la conclusión que elaboró el informe nacional con la celeridad que el cambio institucional imponía. No se trata de cargar las tintas solamente con la administración que finalizó, cuyo responsable fue Francisco Pérez; la "irresponsabilidad" en el manejo de las cuentas públicas provinciales a la que aludió Cornejo al difundir la auditoría posiblemente también deba incluir una sumatoria de desmanejos financieros durante muchos años, incluso más allá de lo que fueron las dos últimas administraciones justicialistas.
En lo sucesivo Mendoza no debería tener que recurrir a un organismo nacional consagrado por la Constitución para poder determinar qué pasó con el manejo de los recursos de todos los mendocinos. Como bien dijo el Gobernador, es de esperar que las áreas con competencias constitucionales en la Provincia para realizar este tipo de control e investigación de la administración del Estado actúen en consecuencia, abocándose al tratamiento de las denuncias que pudieran efectuarse desde los poderes Ejecutivo o Legislativo o por parte de sectores de la sociedad, o directamente involucrándose según las atribuciones conferidas institucionalmente.
