Históricamente las operaciones de compra-venta de uva han generado polémica en Mendoza, principalmente por los plazos de pago y los precios acordados. Eso motivó que la Legislatura aprobara a principio de año la "ley de contratos de uva", una normativa que estableció algunas reglas de juego y creó un registro de todos los contratos realizados a partir de esta temporada. Sin embargo, esta semana estalló la polémica, luego de que se viralizara un mensaje de WhatsApp de un productor que acusa a Grupo Peñaflor de incumplir con las condiciones acordadas, algo que la compañía niega rotundamente.
Puntualmente, el chat dice esto: "Estimados, les cuento que Peñaflor ha decidido unilateralmente, y por segunda vez, traspasar la fecha de la primera cuota, ahora a Septiembre. Para colmo de males, los cheques los entrega con fechas de octubre 31, lo que son dos meses directamente. Y la deuda de septiembre no pasó al mes siguiente, sino que la prorratean en las cuotas restantes, hasta enero".
Y agrega: "Es un atropello a la generacion de un ámbito mínimo de convivencia. Destroza toda planificación honesta y la buena voluntad de las partes, por lo que la familia está estudiando si demandarlos, con el objeto de que no se generen antecedentes que afecten a otros productores”.
La respuesta de Peñaflor
Desde la compañía emitieron un comunicado: "Frente a acusaciones falsas, respecto a supuestos incumplimientos de nuestras obligaciones contractuales con nuestros proveedores de uva, que han circulado por distintos ámbitos en la Provincia de Mendoza, Grupo Peñaflor afirma que de ninguna manera ha incumplido sus compromisos", comentó.
"Para el caso puntual de Mendoza la empresa ha cumplido con la normativa vigente en la totalidad de los casos, quedando registrados en los contratos los montos y las fechas de vencimiento de cada valor a entregar según las cuotas. Ello, siendo acordado por ambas partes", continuó el representante de la empresa.
“Asimismo, Grupo Peñaflor hace entrega de todos los valores (cheques) antes del primer vencimiento que se registra en el contrato”, afirmó.
La empresa recibió rápidamente el apoyo de otros actores del mercado. Entre ellos está Julián Groisman, de grupo Presidente. “Nosotros hoy, bajo el giro de Farming Presidente, operamos 350 hectáreas de viñedos, tanto en Mendoza como en San Juan. Producimos 5 millones de kilos, de los cuales 4,5 millones se los vendemos al grupo Peñaflor”, introdujo el empresario.
“Tenemos una relación de más de diez años con el grupo y queremos manifestar que siempre han actuado según las prácticas de la situación de mercado, tanto en la forma de pago, como en la formación de precios, que opera bajo oferta y demanda”, declaró.
Groisman se refirió a las particularidades del negocio, dando a entender que hay ciertas situaciones que son comunes en las operaciones de compra-venta de uva y no implican un incumplimiento por parte del comprador. “Tengo amigos inversores con campos en Buenos Aires que también tienen fincas en Mendoza y no entienden lo que es operar en un negocio en el que se entrega una materia prima, a los dos o tres meses te llaman las bodegas y después se determina el precio”, señaló.
“Siempre les he manifestado que esto se maneja así hace cien años. Es un tema de confianza. La uva tiene un momento perecedero en el que hay que entregar la uva y cada uno tiene una relación comercial propia con la bodega. Después hay una formación de precios y una forma de pago”, explicó el empresario.
"Esto ha sido siempre así y debo manifestar que el cumplimiento del grupo Peñaflor con nosotros y otros productores, ha sido total", afirmó Groisman.
Supervisión del Gobierno
A partir de la supuesta denuncia anónima que surgió desde la aplicación de mensajería, el Gobierno de Mendoza elaboró un plan de seguimiento de los casos polémicos. El ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, participó de una reunión con representantes de la Secretaría de Comercio Interior, donde dialogó sobre cómo accionar en los casos de “deslealtad comercial”.
Lejos de emitir juicio sobre el caso puntual de Peñaflor, Kerchner explicó que se revistarán todos los contratos de la temporada. En caso de detectarse a irregularidades, se procederá con multas y sanciones.
“La normativa vigente nos permite tener acceso a todos los contratos. Hay casos preocupantes, en los que se han pagado precios muy bajos a los productores, en doce meses y sin interés”, comentó.
"De acuerdo a lo que establece el decreto 248/2019, si se demuestra deslealtad de pueden aplicar multas de hasta U$S 5 millones y hasta se pueden cerrar establecimientos", agregó.