En Lavalle, por estos días, sólo se habla de un tema: la detención de la líder de la Tupac Amaru, Nélida Rojas, y su familia. Los comentarios de los vecinos van entre la "pena" que sienten por ser el centro de atención y el alivio de que se investigue lo que por años fueron rumores y supuestos. También está la preocupación de aquellos que se anotaron y no saben si van a recibir su casa, y la incertidumbre de quienes todavía tienen el anhelo de la casa propia en el barrio en construcción.
“Ya era hora de que cayeran. Todos sabíamos cómo se manejaban”, opinó Daniela, dueña de un quiosco. “Es una tristeza que a Lavalle se lo conozca por estos hechos. Yo nací acá, no es un mal lugar para vivir”, contó Lorena, mientras acomodaba la estantería de su negocio.
La conmoción no es para menos. El departamento del norte mendocino vivió en primera persona el nacimiento de la Tupac. El movimiento se inició en 2008 de la mano del kirchnerismo y concentró en aquel lugar 500 casas en dos barrios, de las 1.231 totales que hizo en toda Mendoza. Uno ya está terminado y el otro está en obra, a la altura del dintel.
Con el auge de la Tupac, que nucleó en Lavalle hasta 15 cooperativas de trabajo, también crecieron la imagen y el poder de Nélida Rojas, a quien todos conocen en Lavalle y muchos hasta son capaces de indicar cómo llegar a su domicilio, a unas cuadras de la plaza central.
“Todos saben que no tenían nada y todo lo que logró con la Tupac. Al principio, no disimulaban; después vendieron todo”, cuenta una de las denunciantes.
Con ella y su esposo, Ramón Martínez, detenidos, en su casa por estos días no hay movimiento: sólo una luz en el frente prendida y la camioneta Toyota Hilux en la puerta.
Durante estos ocho años, los lavallinos han visto mucho: protestas “cada dos por tres” en la puerta de la municipalidad y cortes de calles en reclamo para que se liberaran los fondos. Los reclamos también fueron para apurar la tarea que asumió el municipio, de “aportar” los terraplenes y hacer la urbanización. “A mi papá le pegaron en el auto cuando intentó cruzar una manifestación”, recordó Eugenia.
“No tenían nada y ahora tienen todo esto”, señaló Beto en dirección a los barrios que están sobre la ruta 34, al este de la zona comercial de la Villa Tulumaya.
Los últimos testimonios retratan los operativos policiales que poco tienen que ver con un pueblo tranquilo. “Está todo tenso. Sentimos que, si hablamos algo, puede haber consecuencias”, dijo un comerciante del primer barrio de la Tupac.
Miedo e incertidumbre
El segundo emprendimiento de la Tupac está cerrado con un alambrado y varios carteles avisan que está “prohibido pasar”. No es un barrio privado, de esos que están al otro lado de la ruta 34, cruzando el centro y la municipalidad. El miedo a usurpaciones llevó a que los integrantes de las cooperativas de trabajo cuidaran, por turno, sus futuras casas.
Es así que se puede ver un fuego encendido y a personas que no dejan pasar a nadie. “Acá seguimos trabajando, no se paró nada”, contó Roxana, una delegada que lamenta el pasar judicial de Rojas pero apuesta a continuar con la construcción.
“Hay casas que están más avanzadas que otras. Los adjudicatarios están haciendo sus rejas, van avanzando porque en este tiempo es cuando pueden tener un dinerito, ya que la gente trabaja en el verano, en el tiempo de la uva, del melón y la sandía”, explicó la mujer y aclaró: “Acá no hay nada que esconder”.
Las 250 casas que se emplazan allí están sin los servicios ni la urbanización. “Hicieron todo al revés. Acá se manejaron como quisieron. No sé cómo los técnicos del IPV y del municipio certificaron las obras”, comentó una de las habitantes del primer barrio y dijo que, como consecuencia de haber escatimado en los materiales y no seguir ciertos condicionamientos técnicos, algunas se llueven. “Pudieron hacer casas mucho mejores con la plata que se bajó”, opinó.
En la fogata de los que cuidan durante el día y la noche, se escuchan algunas versiones y quejas. “Hay gente que nunca vino a trabajar, aun cuando la convocábamos, y que van a tener el mismo derecho que nosotros. ¿Cómo puede ser?”, planteó la delegada.
“No es verdad lo de los punto. Yo nunca le puse puntos. Hemos cuidado incluso a las mamás que tuvieron familia. Somos personas humildes que estamos detrás de tener nuestra casa. Vamos a seguir acá a cuidar nuestro lugar”, señaló.
Unos metros más hacia el este, por la misma ruta 34, está el primer barrio, en el que viven las dos hijas de Nélida: Carla y Lorena Martínez. Las dos mujeres están allí con prisión domiciliaria, que les concedieron por el hecho de haber sido madres hace poco.
“La estamos pasando mal. Todos los que estamos acá, somos gente de trabajo y de bien, que nadie tiene nada que esconder. Estamos sufriendo un atropello judicial”, comentó el esposo de una de las detenidas y dijo que ellas han cumplido la prisión en su casa.
Esta apreciación algo tiene de cierto. Tanto los vecinos como los que cuidan el barrio son trabajadores que poco recuerdan a aquellos piqueteros y manifestantes que en otro tiempo se valieron de la presión como método para avanzar en su plan. Sí se parecen más a “personas humildes”, como ellos se definen, que todavía tienen ese sueño de la casa propia.
"El programa vino enlatado, no teníamos opción"
El foco de las investigaciones recayó en parte en el municipio que conduce Roberto Righi desde hace 14 años. El martes, la fiscal Gabriela Chaves estuvo desde las 13 hasta la medianoche inspeccionando documentación relacionada a la tarea con las cooperativas de trabajo. También se llevó las computadoras de la dirección de Hacienda, de Vivienda y de la de Ambiente y Obras Públicas.
Al día siguiente, con todos los expedientes sobre su escritorio, el intendente abre la puerta a Los Andes e intenta dejar en claro: “Estamos a disposición para que se lleven y revisen toda la documentación, porque lo mejor que nos puede pasar a todos los mendocinos es que esto se aclare”.
En concreto, el municipio quedó en el medio de “la ruta del dinero” que se investiga, al ser el encargado de recibir los fondos que venían de la Nación al IPV y pagarles a las cooperativas. El pago era mediante certificación de avance de obra. Las casas se hicieron gracias al Programa Federal de Integración Socio Comunitaria, que financió sólo la construcción de casas pero no la compra del terreno y la urbanización. Muchos de estos gastos fueron asumidos por los municipios, sin más opción.
Este rol le valió a Righi muchas veces tener a la Tupac con una manifestación en la puerta. “Ellos sabían antes que nosotros (por su vínculo con el Gobierno nacional) cuándo estaba la plata”, contó el intendente. Con las condiciones ya dadas, Righi dijo que no fue un plan de construcción que ellos hubieran deseado, pero que no les quedó otra opción que darle lugar.
“Con el convenio no estamos de acuerdo. No nos convenía, pero ya venía enlatado de esa manera y lo tuvimos que aceptar como los otros departamentos, porque ellos venían con los recursos. No les podíamos decir que no iban a tener viviendas. Hasta hacían más casas que el IPV. Ahora bien, nunca compartimos sus métodos. Yo se los dije en algunas reuniones. No eran los adecuados”, reprobó Righi.
En los detalles que dio del Programa Federal, dijo que en algunos casos estipulaba que se desembolsara el 100% de los recursos con el 60% u 80% de avance de obra. Eso explicaría los barrios sin terminar.
