El Consejo Empresario Mendocino (CEM) acaba de presentar un muy valioso aporte para analizar el conflictivo problema del desarrollo de la minería. Se trata de un trabajo encargado al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y la Fundación Vida Silvestre (FVS). El trabajo comenzó a realizarse en julio de 2013 y finalizó en setiembre de 2015, lo que muestra la seriedad con que se encaró un tema polémico.
Se trata de un informe exhaustivo, denso, pero muy claro, didáctico, objetivo y equilibrado. De ahí su gran utilidad para encauzar una discusión que no siempre se plantea en términos racionales. Su objetividad se sintetiza en una premisa básica que cambia el eje antagónico de “minería sí, minería no” y los traslada al racional planteo de “minería cómo”.
Hay una distinción entre dos categorías diferentes de minería: la artesanal y la moderna. La primera es una actividad milenaria de subsistencia, pero el trabajo se enfoca en la minería moderna donde prima la tecnología y cuantiosas inversiones.
Esta minería moderna en nuestro país es muy reciente, tiene apenas dos décadas. Comenzó a mediados de los años ’90 en la mina Cerro Vanguardia (oro) en Santa Cruz.
En la clasificación de las distintas minerías, las más importantes son las metalíferas y algunas no metalíferas o industriales, como es el caso de sales de potasio para elaborar fertilizantes.
Entre los muchos aspectos que se pueden destacar uno es la variabilidad de los precios internacionales de los productos mineros, dado el largo período de maduración de las inversiones. Un ejemplo ilustrativo es el del potasio, que explica el fracaso del proyecto de Río Colorado. En 1999 la tonelada costaba U$S 122, a comienzos de 2009 llegó a U$S 872 y en julio de este año a U$S 228.
Esta enorme variabilidad en los precios internacionales la torna una actividad de alto riesgo. Es por ello que las empresas exigen marcos regulatorios claros y estables. Por ende, no hay posibilidad de que exista minería moderna sin instituciones jurídicas y económicas sólidas, estables, con consenso social. La Argentina hoy no las tiene, ni tampoco parece que quiera tenerlas.
Por otro lado, la minería en el mundo en los regímenes políticos federales, como el nuestro, depende de las normas de las provincias, (así lo establece la CN de 1994) pero esas normas son menos estables que las nacionales.
Impuesta la moda de analizar cualquier proyecto de inversión por la cantidad de empleos que crea y no por rentabilidad y competitividad internacional, debe decirse que la minería tiene capacidad de creación de empleos directa baja, por dólar invertido, pero alta capacidad multiplicadora de empleos indirectos; casi 4 indirectos por 1 directo.
Otro aspecto importante analizado es el destino de la “renta minera” dado que se trata de una actividad extractiva que se agota en el tiempo. Discutir el asunto del destino de la “renta minera” antes de que produzca, es típico de nuestro infantilismo económico.
Respecto de minería y medio ambiente, el informe destaca que las consecuencias ambientales de la actividad minera no son unívocas. En particular, la evidencia internacional sugiere que los efectos de la minería en el ambiente dependen de tres factores centrales: la localización geográfica del establecimiento minero, la acumulación de impactos ambientales y el tipo y forma de aplicación de la tecnología disponible. En cuanto al uso de agua, tiene efectos sobre la cantidad y la calidad del agua.
Con respecto a las explotaciones mineras, el estudio de la FVS encuentra que las empresas mineras utilizan en forma creciente las mejores tecnologías disponibles.
En relevamiento de minas en 2009, la FVS no detectó evidencia de contaminación del agua en los proyectos mineros bajo estudio, aunque identificó riesgos asociados al manejo de residuos tóxicos.
Por último, la FVS señala la incidencia de la ubicación de los emprendimientos como un tema crítico, particularmente los que se encuentran en la cabecera de cuencas hídricas.
La FVS encontró también significativas debilidades en el marco institucional y regulatorio del sector minero.
