“El problema del trabajo es grave, por los elevados niveles de desempleo juvenil y porque a veces el trabajo no es digno”, escribió el lunes el papa Francisco en Twitter. La Casa Rosada recibió el tuit como una bomba de estruendo tardía de la movilización que realizaron las cinco centrales obreras que empujan la ley de emergencia ocupacional.
La oportunidad de la frase del Papa, en el contexto del Día del Trabajador, sacudió -reconocieron algunos funcionarios- al presidente Mauricio Macri y a su equipo más cercano, en momentos en que el Gobierno intenta poner freno a la norma que fija el cepo laboral.
El pronunciamiento global de Jorge Bergoglio, pero con una lectura clara sobre la situación argentina, fue difícil de amortiguar para los residentes de Balcarce 50 y obligó al presidente Macri a salir al cruce de la oposición y de los jefes sindicales que lo acusan de “insensibilidad social”.
Macri buscó despejar públicamente esa sensación que comienza a calar en un sector de la ciudadanía, al negar que exista una ola de despidos y advertir sobre el impacto negativo que la ley -aprobada en el Senado y trabada en Diputados- tendrá en un país que necesita “salir del estancamiento y crear empleos de calidad”.
La norma impulsada por los sindicatos, el kirchnerismo y los partidos de izquierda, y apoyada con reservas por el Frente Renovador de Sergio Massa, prevé la declaración de la emergencia ocupacional por seis meses, período durante el cual si un trabajador es despedido sin causa justa puede exigir su reincorporación o cobrar una doble indemnización.
La Iglesia no se metió, ni tomó partido, en la puja del Gobierno y los sindicatos por la sanción de la ley antidespidos. Tampoco por las diferencias entre la oposición que estimó en unas 140.000 las cesantías en los últimos meses, y el oficialismo que admitió que hubo unos 40.000 despidos, incluyendo al sector estatal y privado.
“Preocupa la inestabilidad laboral creciente que se manifiesta en despidos y suspensiones. No es relevante que sean diez o miles. Lo que importa es que detrás de cada trabajador hay familias que quedan a la deriva y sin protección social”, dijeron a este periodista desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social que conduce monseñor Jorge Lozano.
Pese a mantener distancia de la controversia por la ley del cepo laboral, algunos obispos comenzaron a levantar su voz y a esgrimir las primeras críticas abiertas, no tan solapadas, al modelo de gestión que impuso Cambiemos desde su llegada al poder en diciembre pasado.
En este sentido, llamó la atención que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor José María Arancedo, haya manifestado esta semana, en dos oportunidades, su preocupación por los efectos de la “inflación creciente” y haya evaluado que la administración macrista “no ha podido dominar” esa variable económica.
El prelado santafesino también fue enfático en la necesidad de no demorar las políticas para crear “empleo, trabajo digno e inversiones” y en la urgencia de “generar confianza” en la sociedad, tarea en la que, según advirtió, no debe estar comprometida sólo la Casa Rosada, sino también los políticos, los empresarios y los sindicalistas.
“Que el trabajo no sea una mera mercancía, un eslabón de una cadena financiera”, pidió monseñor Arancedo, y aseguró que el actual contexto económico-social del país requiere “honestidad, transparencia y coherencia, pero también equidad y solidaridad”.
Más allá de los cuestionamientos de coyuntura, la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que depende de la Pastoral Social, avanza en la redacción de anteproyectos de ley para promover el trabajo registrado, el ingreso de los jóvenes a su primer empleo formal y en una legislación que formalice la economía informal.
Para lograr el objetivo del pleno empleo, los referentes laicos de la comisión aspiran a que se pueda cambiar la lógica actual de “capital-trabajo” que, según afirman, a veces provoca explotación laboral, por una nueva relación “trabajo-trabajo”. Agencia DyN
