Lo sucedido con el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José Guillermo Capdevila, quien tuvo que irse del país porque se sentía amenazado y por no contar con condiciones de seguridad suficientes para declarar ante el juez, en el marco de una causa contra el vicepresidente Amado Boudou, constituye un hecho grave que debe ser considerado por las más altas autoridades del país, tanto políticas como judiciales.
Capdevila había recomendado al entonces ministro de Economía y actual vicepresidente, Amado Boudou, no emitir dictamen alguno ante la carta que le había enviado el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, en un tema concerniente al temperamento a adoptar sobre la empresa Ciccone, en concurso de acreedores desde 2001 y luego en quiebra, por pedido de la AFIP. Según su óptica, Capdevila consideró que se trataba de una situación que no incumbía al Palacio de Hacienda, pero Boudou no le hizo caso y respondió igual.
Ciccone, la empresa encargada de la impresión de billetes de curso legal, fue salvada de la quiebra en 2010 por fondos supuestamente de allegados a Boudou y luego, ante el escándalo por la presunta relación del Vicepresidente con los nuevos dueños de la empresa, la firma terminó siendo expropiada por el Estado.
En una nota dirigida al juez de la causa, Capdevila le anunció su salida del país y narró una supuesta amenaza recibida la noche del 30 de abril, en la zona de Palermo, en la que un hombre se le acercó y le dijo que “próximamente debe declarar. Esperemos, por su bien, que lo haga bien. No se vaya a equivocar”.
De haber existido la amenaza se trata de un hecho grave, pero más preocupante aún fue la reacción del abogado del Vicepresidente, quien afirmó que "este señor (por Capdevila) solamente está tratando de mejorar alguna situación personal que pueda estar viviendo, ya que está desempleado, lamentablemente", insistiendo en señalar que tal vez las denuncias tengan que ver con alguna cuestión particular y no con hechos de la causa o con alguna amenaza sufrida, razón por la cual Capdevila también interpretó las afirmaciones del abogado como una amenaza.
Capdevila, quien no cuenta con antecedentes políticos y que ocupaba un cargo de planta en el Ministerio de Economía -al que debió renunciar-, se considera un “exiliado de la democracia”. Y tiene plena razón en sentirse así. Los hechos determinan que no cuenta con la seguridad suficiente que debe tener cualquier ciudadano del país como para sentirse seguro y poder responder a la requisitoria del juez en una causa, por más que en la misma se encuentre involucrada la segunda autoridad de la Nación. Debemos recordar además que la ex esposa de Alejandro Vanderbroele, que ventiló datos sobre la amistad que existía entre Boudou y su ex marido y la relación que tenían con el caso Ciccone, se ha manifestado también públicamente sobre los temores que siente en lo que a su seguridad personal se refiere.
Resulta inadmisible que a más de 30 años de la recuperación de la democracia continúen existiendo denuncias y situaciones que indican que está en peligro la vida y la seguridad de las personas por el hecho de aparecer como testigos en una causa por corrupción, en la que se encuentra denunciado el vicepresidente de la Nación.
Está en juego el estado de derecho, fundamental en un país que necesita vivir en plena democracia, y no se puede concebir que haya gente, como el abogado defensor de Boudou, que en lugar de preocuparse por la situación de su defendido acuda a la descalificación de un testigo, poniendo en tela de juicio su honestidad y hasta su supuesta situación personal. Tampoco se puede aceptar el silencio de funcionarios del Poder Ejecutivo y de la propia Justicia, quienes tienen la obligación de otorgarles, tanto a Capdevila como a la ex esposa de Vanderbroele, las garantías suficientes para que puedan declarar y permitir esclarecer el caso en forma definitiva, más allá de la culpabilidad o no de la segunda autoridad del país.
