La voluntad de Trump de cerrar las fronteras de Estados Unidos a potenciales “terroristas” engendró un enorme rompecabezas jurídico en torno a una pregunta: ¿Hasta dónde llegan los poderes del presidente estadounidense en materia migratoria?
La disputa podría ser resuelta por la Corte Suprema en Washington, al ser la encargada de definir el marco constitucional del Ejecutivo y de unificar la jurisprudencia. A la espera de que ello ocurra, el caso estaba ayer en el tribunal de Apelaciones de San Francisco.
Un colega de los tres magistrados de esta jurisdicción -dos nombrados por presidentes demócratas, otro nombrado por un presidente republicano- examinará la decisión del juez James Robart, quien suspendió a nivel nacional la aplicación del decreto presidencial, que prohíbe el ingreso de migrantes de siete países de mayoría musulmana por 90 días y de refugiados por 120 (para los sirios la medida es indefinida).
Dado que es un juez federal, la decisión de Robart tiene amplio alcance y efecto en todo el territorio nacional. Los demandantes principales son los estados demócratas de Washington y Minnesota, fronterizos con Canadá.
Varios grupos han presentado ante la corte documentos para apoyar la demanda contra el decreto, en especial la poderosa Unión Estadounidense de Libertades Civiles, el observatorio de extremismo Southern Poverty Law Center y la defensora de los refugiados HIAS.
Cerca de 300 profesores de Derecho y unas 130 empresas tecnológicas de Silicon Valley presentaron documentos legales para apoyar la decisión del juez Robart.
Adicionalmente, otros 15 estados y la capital federal de Washington anunciaron el lunes que enviaron un memorándum demandando la confirmación de la decisión.
Además, ex altos funcionarios demócratas, como los ex secretarios de Estado John Kerry y Madeleine Allbright, y Leon Panetta, ex ministro de Defensa de Obama, afirmaron en una declaración que el decreto de la discordia “erosiona la seguridad nacional”.
En el bando opuesto están el presidente Trump y su gobierno, quienes son defendidos por abogados del Departamento de Justicia. Ellos apelaron la suspensión del decreto después de que el mandatario calificara a Robart de “pseudo juez” y a su decisión de “escandalosa”.
Trump ampara su polémica decisión en los poderes que le confiere la Constitución de EEUU. Según el artículo 2, el presidente tiene toda la autoridad para manejar la política exterior y la de inmigración.
El decreto “se inscribe en el ejercicio legal de la autoridad presidencial”, dijeron los abogados del gobierno.
Esa postura se basa en el artículo de una ley adoptada hace 65 años, que estipula que el presidente tiene la facultad de suspender el ingreso al país a una categoría de extranjeros cada vez que considere que su llegada “sería nefasta para los intereses” de EEUU.
