El proyecto, presentado por los ultrakirchneristas Diana Conti, Carlos Heller, Andrés Larroque y Remo Carlotto, fue aprobado sorpresivamente en la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación sin que se hubiese producido una necesaria discusión seria y profunda sobre un tema que puede afectar la libertad de prensa en la Argentina.
En esencia, intenta derogar la ley nacional 23.592, que controla y sanciona los actos que incitan a la discriminación, intentando -según sus impulsores- remplazarla por una ley más actualizada. La ley 23.592, sancionada en 1988, establece: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización, y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.
Para los legisladores, la utilización masiva de internet obliga a una actualización de la ley, instando a los medios de prensa, agencias de noticias, diarios on line y revistas electrónicas a que controlen los comentarios considerados discriminatorios y pide incluir la publicación de un 0-800 para que las personas que se sientan afectadas o perjudicadas con un determinado comentario tengan la posibilidad de denunciar el agravio. Eleva las penas para quienes hayan cometido el delito y detalla otras formas de discriminación por sexo, orientación sexual, género, identidad de género, edad, color de piel, estado civil, situación familiar, filiación, embarazo, discapacidad, responsabilidad familiar, antecedentes o situaciones penales, trabajo u ocupación, lugar de residencia y características físicas, entre otros. “Lo que se busca es amparar a todos los grupos sociales”, aseguró Diana Conti.
Sin embargo, la entidad que nuclea a las entidades periodísticas de la Argentina (Adepa) no tardó, ni dudó en rechazar la iniciativa kirchnerista, en razón de que “plantea una amenaza cierta contra la libertad de expresión ciudadana y, en el caso de los medios digitales y otras plataformas en red, les impone obligaciones de difícil cumplimiento, que pueden derivar en la autocensura”. El organismo coincide con el propósito de evitar agravios y fomentar el respeto por la dignidad humana, aunque considera que el camino elegido para evitarlo es erróneo, lesivo de la libertad de expresión y contrario al principio que veda la censura previa”. El aspecto más polémico se centra en la imposición de que los administradores de los medios on line adopten las medidas necesarias para evitar la difusión de contenidos discriminatorios, concepto que el proyecto define en términos tan amplios y ambiguos que con toda seguridad impulsarán a la autocensura.
Es real y concreto que el anonimato muchas veces permite, en los medios digitales, que algunas personas se manifiesten de modo inapropiado sobre otras, lo que ciertamente debe ser evitado. Pero en el resto, la norma legal deja un margen tan amplio de posibilidades que pone en peligro la libertad de expresión, instalando de hecho la autocensura. El proyecto es polémico y exige, por lo menos, una discusión más profunda en el resto de las comisiones, con la participación inclusive de los medios de difusión que podrían resultar afectados.
