Un proyecto de senadoras K quiere limitar al periodismo en investigaciones de corrupción

Cinco senadoras cercanas al vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner firmaron un polémico proyecto de ley que propone un "control de convencionalidad" para las prisiones preventivas que anula las detenciones cuando el acusado se sienta involucrado en una serie de supuestos, como la difusión en la prensa de los presuntos delitos en su contra.

Las autoras, María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara, determinan en la iniciativa que "será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva" de los acusados que no estén bajo control del cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Plantea un plazo de 72 horas para que opinen el fiscal y las querellas, y otras 24 para resolver sobre la situación.

El ejemplo más peligroso -y directamente alarmante para la libertad de expresión- es el primer motivo de nulidad que proponen las senadoras K: "La publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución". Es decir: si los periodistas informan sobre una causa de corrupción y un juez le dicta al acusado la prisión preventiva -aún bajo las estrictas condiciones que rigen hoy-, esa persona puede exigir que lo liberen.

Según lo informado por Clarín, también podrán exigir la nulidad de las preventivas quienes crean que hubo una "deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido o de un arrepentido", y los que sospechen sobre "deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones intromisión en la asignación de competencias, de designaciones o direccionamiento en los sorteos de jueces". Las dos razones coinciden puntillosamente con los principales obstáculos de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos, y su estrategia para sortearlos.

Justamente las declaraciones de testigos arrepentidos fueron claves en causas como los cuadernos de las coimas, originada a partir de las anotaciones del exchofer de Roberto Baratta Oscar Centeno y de sus posteriores declaraciones ante la Justicia, en calidad de "arrepentido". En esta megainvestigación por corrupción Cristina Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita.

Otras causales del proyecto son la "intromisión de funcionarios del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones". O cuando esos funcionarios "ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para afectar la independencia de los jueces o la autonomía de los fiscales".

También la "intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones aptas para afectar" esa independencia, lo que impediría, por ejemplo, las presentaciones de colegios de abogados. Además incluye la posibilidad de pedir la libertad por "la inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política".

Por otro lado niega la posibilidad de apelar los fallos que hagan lugar a las nulidades de las preventivas. En cambio si el magistrado rechaza el pedido del acusado esa medida sí podrá ser apelada, y deberá resolverse con la velocidad de un habeas corpus. Se trata del derecho que tiene un detenido para presentarse en un breve plazo ante un juez para comparecer y que determinen si su arresto fue o no legal, y si debe mantenerse o dejar sin efecto.

La ley sólo beneficiaría a los acusados por corrupción, y no a los miles de presos sin condena que revientan las cárceles.

Según trascendió, en el interbloque oficialista no se habló hasta ahora de la iniciativa. Tampoco hay indicación para tratar el proyecto.