Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
El ministro Alfonso Prat-Gay anunció el miércoles pasado un ambicioso programa fiscal hasta 2019. En principio hay que reconocer que hace mucho tiempo no contábamos con un plan de metas que implica, además, un compromiso que será controlado por los técnicos, por la oposición y por la misma población.
El ministro da la impresión de tener mucha seguridad, aunque tiene algunos giros verborrágicos que lo hacen dueño de alguna dosis de soberbia, que molesta a mucha gente.
En la descripción de la herencia recibida, pasó tiempo dando cifras junto con frases descalificantes innecesarias, ya que los datos son tan contundentes que no hacía falta sobreactuar.
Lo cierto es que los datos aportados hablan de un déficit primario de 5,8% del PBI, aunque -dijo- sacando bien las cuentas podría llegar a un 7,1%, un valor inesperadamente alto y muy complejo de reducir.
No obstante, el plan del gobierno consiste en ir bajando gradualmente el déficit fijando metas del 4,8% para 2016; 3,3% para 2017; 1,8% para 2018 para terminar con un leve superávit de 0,3% en 2019, el año final del mandato de Macri (“el último año del primer mandato de Macri”, según Prat-Gay).
Consistente con estos objetivos, el gobierno ha fijado metas de inflación, partiendo de la base que los datos acumulados hasta ahora no sirven de comparación por estar manipulados. El ministro reconoció que con posterioridad a la liberación del cepo hubo reacomodamiento de precios, que fue confirmado por la medición de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que arrojó una suba del 3,9%.
Como metas de inflación, el gobierno ha fijado bandas que arrojan cifras de entre 20 y 25% para el año 2016; de entre 12 y 17% para 2017; de entre 8 al 12% para 2018, para cerrar en 2019 con valores entre 3,5 y 6,5%.
El cumplimiento de las metas de inflación y de reducción del déficit estará supeditado a una estricta disciplina fiscal y a tasas de crecimiento consistentes, y aquí aparece una gran duda. El ministro no hizo mención a objetivos en materia de tasas de crecimiento, las cuales dependerán de los niveles de inversión y estos dependen directamente de la solución del diferendo con los holdouts.
Es posible que al estar pendiente la resolución de este tema el gobierno no quiera arriesgar tasas de crecimiento, pero está claro que sin esa solución no habrá financiamiento y esto terminará ajustando con mayor devaluación de la moneda porque será imposible pensar en crecer sin esas soluciones en la mano.
Aplacar las paritarias
Además de hacer foco en las metas de inflación, Prat-Gay mandó un mensaje a los sindicalistas a efectos de que tengan en cuenta los beneficios que, con costo fiscal, afrontará el gobierno en beneficio de los trabajadores.
En este sentido señaló la rebaja del impuesto a las Ganancias para los trabajadores al elevar el mínimo no imponible a un piso de 30.000 pesos mensuales, desde el cual partiría la tasa mínima. Según el ministro, el costo fiscal será de 37.000 millones de pesos, suma que se transferirá a los trabajadores como mejora del ingreso real que, según el ministro, debería ser tenido en cuenta en las discusiones paritarias.
Por otra parte, anunció una rebaja de impuestos para los productos de la canasta familiar y un subsidio directo a los consumidores de más bajos ingresos de 400 pesos por persona, que alcanzaría a 800 pesos en caso de una pareja, para afrontar los aumentos de precios de los últimos días. Este rubro no se sabe cómo se hará operativo, pero genera expectativas.
De la misma forma ocurre con los aumentos de la Asignación Universal por Hijo, que se hará extensiva a los monotributistas. Sobre esto no hay referencias a costo fiscal, pero no será poco.
El gobierno piensa financiar esto con eliminación de subsidios, sobre todo para los habitantes de Capital Federal y Gran Buenos Aires, cuyas tarifas están muy atrasadas en comparación con los del resto de los habitantes del país. Además, deberá recibir asistencia financiera del Banco Central por unos 160.000 millones de pesos en 2016.
Inconsistencias peligrosas
Prat-Gay anunció que el gobierno sostendrá un precio artificial del petróleo, aunque este siga bajando en los mercados internacionales. El argumento es mantener los niveles de empleo, pero es muy inconsistente, ya que este precio del crudo afecta al precio de los combustibles. Y el problema es que estos precios afectan los costos de la logística y comprometen, sobre todo, a las economías regionales, que están más lejos del puerto.
Al parecer el gobierno piensa compensar este desfase con compensaciones por fletes, con lo cual intenta usar una distorsión para compensar otra distorsión, ambas con costo fiscal y con impacto en el bolsillo de los consumidores. Para defender el empleo petrolero se afecta el empleo en el resto del país.
Una solución demasiado populista, de las que ya hemos visto muchos fracasos.
