Llegó 2015, el año en el cual los argentinos elegiremos un nuevo presidente y los mendocinos un nuevo gobernador. Más allá de que ya existen claros candidatos para cada uno de los rubros y pueden esperarse sorpresas y hasta batacazos, porque a diferencia de otros años el oficialismo nacional no tiene la sartén por el mango, lo que impera por estos días es la certeza de que el proceso electoral estará sembrado de presentaciones judiciales que pondrán en tela de juicio la transparencia y la legalidad de los futuros comicios. Un manto de sombras se tenderá nada menos que sobre el acto constitutivo de toda democracia: el voto.
En Mendoza, la guerra judicial ya comenzó y en las próximas horas tomará más volumen. Lo que está en discusión en la Corte Provincial es el decreto 2.075/2014 que en noviembre firmó el gobernador Francisco “Paco” Pérez para retirarle el financiamiento público a las campañas de los partidos políticos que la ley 8.619, que la Legislatura votó por unanimidad en 2013, estableció para darles a todos los candidatos de todas las fuerzas las mismas condiciones a la hora de competir.
La senadora radical Laura Montero y las autoridades del PD ya fueron ante el máximo tribunal para pedir la inconstitucionalidad de una norma que además no fue refrendada por la Casa de las Leyes y que por lo tanto no tiene todavía validez. Pero, además, por estas horas los candidatos a concejales y a intendentes de la UCR para las elecciones de San Carlos y Capital que se celebrarán en febrero -las PASO- y en abril -las generales- irán ante la Junta Electoral Provincial para reclamar que Pérez cumpla con el financiamiento de las campañas.
Protestarán contra el decreto de noviembre pero también irán en contra del que ayer se publicó en el Boletín Oficial con el número 2.400 (fechado el 30 de diciembre último) que reglamenta la ley 8.619 y que supedita a que el Presupuesto 2015 tenga partidas para financiar las campañas en los medios -el proyecto que mandó Pérez no contempla dinero alguno- y a que la Provincia firme convenios con la Nación para que ésta obligue a los canales de TV y a las radios a ceder espacios para las publicidades políticas y a que, además, se rubriquen acuerdos con los municipios para que éstos pongan a disposición electoral la cartelería pública. Como ninguno de estos acuerdos está en los planes de la administración de Pérez, el mismo decreto permite que los partidos recurran a los aportes privados para financiar sus campañas, como sucedió siempre en Mendoza.
En el PJ dicen que Pérez eliminó el financiamiento público para favorecer a los intendentes de su partido, que son la mayoría (12 sobre 18), ya que éstos veían una limitación en la ley de las PASO locales puesto que ésta les da a la categoría de cargos municipales sólo 20% de la partida para financiamiento público de campañas. Sin este tope, ahora los intendentes podrán recurrir a sus proveedores para financiar sus gastos proselitistas. Pero los principales caciques peronistas no les pagaron a Pérez como éste esperaba y decidieron adelantar los comicios municipales a abril y junio, movidos por el miedo a que el radicalismo unido con el PD-PRO y fuerzas de centro-izquierda los destierren.
El artículo del nuevo decreto reglamentario de Pérez que prohíbe a un candidato a gobernador llevar en su boleta a más de un candidato a presidente -la estrategia del radical Alfredo Cornejo, quien quiere ir tanto con Julio Cobos como con Mauricio Macri- también fue un gesto de Pérez hacia los intendentes de su propio partido que se le han rebelado y temen que una alianza de la UCR y el PD-PRO los destronen. Intenta, con ello, que recapaciten y unifiquen los comicios a los provinciales y nacionales y, de paso, le permitan a él no salir tan mal parado ante los ojos de Cristina Kirchner y de Daniel Scioli.
La Justicia mendocina -la Suprema Corte y la Junta Electoral-, no será la única que deba resolver en torno de estos dos decretos de Pérez para darle certidumbre al proceso electoral en marcha. También se descuenta que el radicalismo de Alfredo Cornejo recurrirá a la Justicia Federal con asiento en Mendoza para que se le permita una alianza de partidos provinciales como la que él tiene en mente formar con el PRO, el PD, Libres del Sur y el socialismo llevar a más de un candidato a presidente.
Estas fuerzas opositoras no tienen tanta fe en el juez Walter Bento, al que consideran bastante cercano al oficialismo nacional, y por eso están dispuestos a apelar para que sea la Cámara Nacional Electoral la que defina. Este tribunal federal ya permitió en 2011 al actual diputado nacional Atilio Benedetti presentarse como candidato a gobernador de Entre Ríos e ir en las boletas del radical Ricardo Alfonsín y del socialista Hermes Binner.
Para el peronismo, el artículo 53 de la ley de PASO provinciales es claro: “No se admitirá la participación de ningún candidato en las listas de más de una agrupación ni para más de un cargo. Las agrupaciones sólo podrán adherir sus boletas a las de otra agrupación en aquellas categorías en las que no tengan listas de candidatos propios, no pudiendo adherir a más de una lista”, recuerda el segundo decreto de Pérez.
Pero como el radicalismo sostiene que la norma nada dice de la adhesión a cargos nacionales porque eso es incumbencia de la ley nacional, ahora el Gobernador aclaró en su norma reglamentaria que tampoco puede un candidato a gobernador colgar su boleta de dos candidatos a presidente de dos espacios diferentes. Esto será lo que deberá resolver la Cámara Nacional Electoral, la última instancia en la materia cuyos integrantes son Rodolfo Emilio Munné, Santiago Hernán Corcuera y Alberto Ricardo Dalla Vía.
En el justicialismo están dispuestos a frenar la movida de Cornejo. Lo dijo sin tapujos uno de los principales operadores de Pérez, el ex ministro Félix González. “¿Cornejo se cree que somos pelotudos?; no lo permitiremos”. Para ello, en el “paquismo” evalúan que la Nación intervenga a través de dos posibles caminos y por ello han solicitado ayuda a la Casa Rosada.
La vía más firme sería que el Congreso apruebe una ley para modificar la actual legislación electoral y se prohíba expresamente que un candidato a gobernador pueda adherir a dos o más candidatos a presidente transgrediendo el espíritu de la Ley de las PASO nacionales. El otro camino es que la propia Cristina Fernández saque un decreto reglamentario, aunque la ley de las PASO ya tiene cinco años y sería una medida anacrónica.
En la UCR creen que si el Congreso o Cristina avanzan en esta limitación para que los candidatos a gobernador sólo puedan llevar un candidato a presidente, el oficialismo estará empujando a todo el arco opositor a hacer un único frente electoral y a que Julio Cobos, Hermes Binner y Ernesto Sanz diriman en una primaria la candidatura contra Mauricio Macri y Sergio Massa.
La idea, impulsada por los radicales Sanz y Gerardo Morales, podría imponerse en la Convención radical de marzo y dejaría a Cobos muy cerca de declinar su ambición presidencial. Pero, a su vez, encuentra un fuerte obstáculo en la enorme reticencia que hay entre los dos hombres que tironean las bases radicales: Macri y Massa.
Como es sabido, cientos de leyes provinciales y nacionales son letra muerta porque el Estado no las reglamenta, no las ejecuta porque no hay partidas presupuestarias, o no vela por su cumplimiento. Pero las normas electorales, que necesitan de mayorías calificadas, deberían escapar a este destino ya que si caen en saco roto la legalidad de quienes surjan electos será siempre materia cuestionable.
Por Mario Fiore - mfiore@cimeco.com - Corresponsalía Buenos Aires
