El año termina con una noticia que pasó desapercibida para la gran mayoría. Es la mejor noticia que, dadas las circunstancias, podía esperarse: después de más de dos décadas de recurrentes fracasos, las Naciones Unidas lograron que casi 200 países del mundo suscribieran, sin objeciones, un compromiso para presentar un plan con metas medibles y cumplibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Puede sonar algo lejano a nuestra vida cotidiana pero, literalmente, se trata de una carrera contra una catástrofe de proporciones globales que puede cambiar drásticamente la vida sobre la Tierra hacia mediados de este siglo. Ahí nomás, a menos de cuarenta años de nuestra vida.
No fue todo lo que se esperaba, es cierto. Para muchos, lo que se firmó durante los primeros días de diciembre en Lima, es apenas un compendio de propósitos tan débil y laxo que sólo constituye una base sobre la que se establecerá la verdadera negociación para la cumbre que se realizará en París en diciembre de 2015.
Será ése el momento crucial, cuando los países deban mostrar el menú de acciones que llevarán adelante para lograr contener el calentamiento global de manera que en 2050 la temperatura en el planeta sólo haya subido 2° Celsius, la mitad de lo que se cree subirá si no se toman urgentes medidas.
Para lograr este objetivo los expertos coinciden en que hay que reducir la emisión de gases entre 40% y 70% hasta 2050 y dejarla casi en cero para 2100.
De acuerdo con datos de la ONU, China y los Estados Unidos, con 9,8 y 5,2 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año respectivamente, son los principales responsables del actual estado de cosas.
Seguidos por Japón (1,9 millón), India (1,8), Rusia (1,7) y Brasil (1,5). De lo que hagan estos países dependerá cómo se llega a 2020, considerado un año clave para marcar un punto de inflexión o abrir la puerta a la catástrofe. Justo es el año en que debería entrar en vigencia el acuerdo que resulte de las deliberaciones en París y sustituya al maltratado Protocolo de Kyoto, que se firmó en 1997.
Los ojos del mundo están puestos, sobre todo, en lo que haga China. Para los más drásticos, lo que el gigante asiático decida en la próxima década determinará las posibilidades de la humanidad de hacer frente al cambio climático.
Esto porque de continuar con las actuales formas de producción, consumo y desarrollo, se estima que hacia 2030 China lanzará a la atmósfera 15 mil millones de toneladas de dióxido de carbono por año.
No obstante, la clave para todos los países, incluido el nuestro, es encontrar las ideas y los recursos para avanzar paralelamente en la adaptación cultural, energética y tecnológica y en la necesaria mitigación de los inevitables daños ambientales que se producirán.
El compromiso mundial es que los países ricos conformen un fondo de 100 mil millones de dólares para asistir los esfuerzos de los países pobres. El problema es que aún nadie sabe de dónde saldrá esa suma ni quiénes la aportarán.
Se hace difícil pensar a esa escala, hasta parece ciencia ficción. Y da para preguntarse qué puede hacer cada uno de nosotros ante tamaño desafío vital. Una forma de verlo desde más cerca podría ser repasando qué se ha hecho en Mendoza en materia ambiental.
Puede decirse que las primeras leyes ambientales de nuestra provincia son de fines del siglo XIX. La ley de Aguas (1884) y la de creación del denominado Parque del Oeste (hoy San Martín) de 1896 se sancionaron, por un lado, para asegurar el acceso a un recurso escaso e imprescindible para el uso de la tierra y, por otro, para mejorar la calidad del ambiente y las condiciones de vida de la gente en la ciudad que se erigió tras el terremoto de 1861.
Un repaso de las acciones más salientes de las últimas décadas, en tanto, muestra desde lo institucional la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, a mediados de los '90, origen del actual Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales.
Desde esas áreas se sostuvo la política de creación e impulso de parques provinciales (como el Aconcagua o el Tupungato) y de áreas protegidas (como Ñacuñán, Divisadero Largo, Payunia y Laguna del Diamante, entre otras). Es la acción más vigorosa que, por estos días, se completa con la intención de contar con una postergadísima ley de ordenamiento territorial y usos del suelo.
El resto son acciones más espasmódicas, como aquel plan de los '90 cuando se instalaron paneles solares en escuelas rurales para que tuvieran electricidad; o las ordenanzas dictadas en General Alvear y Malargüe que prohíben a los supermercados entregar bolsas plásticas a sus clientes; o los recientes "puntos verdes" que lanzaron las comunas de Capital y Godoy Cruz en sitios públicos para recolectar residuos en forma diferenciada.
Las excepciones en esta línea son el sostenido sistema de recolección diferenciada de residuos que desde hace años realiza la Municipalidad de Maipú y su planta de tratamiento (único caso en todo el territorio) y, aún con signos de interrogación; el anuncio de que se construirá en Luján el primer parque para generar energía solar en la provincia.
No mucho más que eso. Apenas un puñado de acciones, limitadas en el tiempo y con escasas políticas consecuentes. Casi ocurrencias bienintencionadas.
Para nosotros también ha llegado el momento de ponernos serios y trazar políticas en cuanto a energías limpias, combustibles alternativos, control de la contaminación y prepararnos para debatir seriamente y sin eslóganes sobre las alternativas de desarrollo y la matriz productiva de la provincia.
El futuro llegó.
Por Néstor Sampirisi - nsampirisi@losandes.com.ar
