Tiempos difíciles en la política argentina, sobre todo cuando empieza a faltar dinero porque ya no hay quien preste y entonces se hace necesario que todos hagan un ajuste. Es allí donde comienza a verse la peor parte de cada dirigente, porque cada cual trata de que los esfuerzos los hagan los demás y él pueda zafar.
Cuando el gobierno de Mauricio Macri se dispuso seriamente a llegar al objetivo de déficit cero, debió comenzar con el ajuste desde ya mismo para que este año cierre en el objetivo planteado ante el FMI o mucho mejor. Para esto, entre otras medidas, se decidió dar por terminado con el Fondo Federal Solidario, constituido por el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja.
Este fondo venía disminuyendo porque las retenciones tenían marcado un horizonte de baja ya que se había comenzado un proceso gradual para ir eliminándolas. Además, con la caída de la cosecha por cuestiones climáticas, este año la cantidad de soja disponible era mucho menor, por lo que lo que se sacrificaba era mucho menor.
No obstante, en este juego de hacer sentir el poder, legisladores justicialistas que responden a los gobernadores, asociados con kirchneristas, se aprestaban a sacar una ley para anular el decreto presidencial que le ponía fin al fondo sojero, intentando recuperar la pérdida de los años siguientes (algo que sí estaba negociado).Y amenazaron no aprobar el Presupuesto si no se les devolvían estos recursos.
Y como el Presidente quiere tener el Presupuesto aprobado antes de fines de noviembre, esto obligó al gobierno nacional a tener que sentarse nuevamente con los gobernadores, que se manejaron de una forma escandalosa para no perder recursos que los obliguen a bajar el gasto en sus provincias.
Así, de la mano del ministro Frigerio, el Gobierno nacional se comprometió a enviar a las provincias un total de $ 4.125 millones en cuatro pagos y repartidos en la misma proporción que les corresponde en la coparticipación.
Las únicas jurisdicciones que no recibirán nada serán La Pampa y San Luis, cuyos gobernadores, Carlos Verna y Alberto Rodríguez Saá, se opusieron a este acuerdo y anticiparon que se opondrán al Presupuesto 2019.
El problema son las urgencias del presidente Macri, que quiere tener el Presupuesto 2019 aprobado para presentar en la reunión del G-20 el 30 de noviembre próximo.
Otro tema que se debió negociar fue la eliminación de exenciones al impuesto a las ganancias que beneficia a jueces, funcionarios judiciales y legisladores. Esta exención le cuesta al fisco unos $10.000 millones anuales, pero chocó con la oposición del justicialismo que amenaza con no aprobar el Presupuesto si se mantiene esta disposición.
Por la misma urgencia, el Ejecutivo debió acceder al pedido de los legisladores y gobernadores opositores para aumentar las alícuotas sobre el Impuesto al Patrimonio (que se iba a derogar). Esto permite gravar en forma progresiva bienes que ya están gravados en las provincias por los impuestos al automotor e inmobiliario. Para los gobernadores es un doble negocio porque aumenta su coparticipación y evitan pagar el costo político de tener que aumentar gravámenes locales.
Esta es otra demostración de la forma que se hace política en la Argentina: Acciones muy especulativas, jugando con una urgencia real pero mal asumida por el presidente Macri que se deja presionar por quienes no quieren hacer ningún ajuste ni bajar impuestos.
Estos gobernadores creen que podrán sostenerse por mucho tiempo pero no se dan cuenta que el aparato productivo está paralizado por la altas cargas impositivas provinciales y que así no hay futuro ni para ellos ni para sus ciudadanos y, lo que es peor, tampoco para el país.
