Entre las tantas tergiversaciones que el gobierno nacional ha realizado a lo largo de los once años de gestión se encuentra el presupuesto nacional de gastos y recursos.
Ha cumplido con la formalidad de su confección, envío al Congreso y éste lo ha aprobado sin mayor discusión, aunque en varias oportunidades con el voto en contra de la oposición.
El Presupuesto efectivamente ejecutado ha diferido considerablemente del aprobado por el Congreso. Al margen de la irrealidad de los supuestos económicos y de las estimaciones de ingresos y gastos, la perversa Ley 25.561 de Emergencia Económica, vigente desde enero de 2002 y prorrogada hasta fines de 2015, ha permitido al PE modificar las partidas aprobadas y asignar los cuantiosos recursos a su antojo y conveniencia política. Lo mismo ocurre con el Presupuesto de este año y seguramente ocurrirá con el del año próximo.
En los últimos años ha sido común escuchar de políticos y economistas la necesidad de contar con instituciones sólidas, respetadas y estables, para poder generar crecimiento económico sostenido.
La mayor contribución a la destrucción de las instituciones de la economía la ha hecho la Ley de Emergencia Económica, destruyendo la moneda, la autonomía del Banco Central, los contratos de todo tipo y delegando facultades extraordinarias en el PE, violatorias de la Constitución Nacional.
Resulta incomprensible que esta ley, que originariamente vencía a fines de 2004, se haya mantenido hasta ahora. Los legisladores que en repetidas oportunidades la prorrogaron deberían rendir cuentas en los términos del artículo 29 de la Constitución Nacional.
Veamos las repetidas ficciones, el Presupuesto contiene estimaciones de variables clave de la economía, como crecimiento, inflación, tipo de cambio. No es necesario recordar que desde hace años las cifras que presenta el Gobierno están distorsionadas, generan un enorme desorden y un manejo discrecional de los fondos públicos.
Existen numerosos trabajos de economistas e instituciones sobre estos temas. El Iaraf señala las discrepancias entre lo establecido en el Presupuesto para este año 2014 y cómo va a terminar.
Había previsto que los ingresos aumentarían 27%, lo harán en 41%; el gasto total aumentaría 19%, llegará a 51%; preveía un pequeño superávit, el déficit llegará nada menos a 166.000 millones de pesos. A título ilustrativo, gastos e ingresos este año superarán el billón (un millón de millones) de pesos.
La ficción de ciertos supuestos es señalada en todos los análisis. Para el corriente año, el Presupuesto estimaba un crecimiento del PBI de 6,2%, terminará en -2%; inflación 9,9%, terminará cerca del 40%; tipo de cambio $ 6,50 terminará alrededor de $ 9,40.
Los supuestos para el año próximo siguen la misma tónica: incremento del PBI 2,8%, las estimaciones privadas dan negativo; inflación 14,5%, las estimaciones coinciden en que no será menor a la de este año; tipo de cambio $ 9,45 a diciembre del año que viene, nadie se atreve a estimar qué puede ocurrir.
Algunos otros aspectos de interés que aumentan la ficción: el Presupuesto 2015 estima un crecimiento de los ingresos de 27,8% y del gasto de sólo 14,8%. Comparando estos datos con la inflación, tendríamos que el Gobierno piensa concretar un severo ajuste del gasto público, justamente en un año electoral.
Nadie puede creer que las previsiones presupuestarias se van a cumplir. Durante varios años, el Gobierno subestimó los ingresos, de manera que pudo disponer a discreción de cuantiosos recursos.
En los dos últimos la estrategia varió y subestima el gasto para mostrar menos déficit que el que se registrará finalmente. Otro aspecto muy preocupante de las finanzas públicas es la creciente importancia en el financiamiento del Presupuesto de las denominadas Rentas de la Propiedad.
Se trata de las utilidades (también ficticias) del Banco Central y que en todo caso debería destinarse a la capitalización del banco. Las otras provienen de la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, que se sustrae a los jubilados.
Como los déficits son crecientes, aun considerando esas rentas como recursos corrientes, la diferencia se cubre como emisión de dinero. Las cifras de emisión son ya muestras de descontrol monetario.
Último, y no menos importante, de la descomunal montaña de ingresos al gobierno nacional, sólo 25% se deriva automáticamente a las provincias, el 75% al poder central.
