Un preso delató que vendían drogas en su pabellón y lo empalaron "en manada"

Elevaron el juicio oral el caso contra tres presos que atacaron y empalaron "en manada" a otro compañero de pabellón debido a que había delatado que vendían droga. Tres penitenciarios también estarán en el banquillo de los acusados.

La víctima de los abusos es José Osvaldo Benítez. Fue atacado en el Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires la noche del 16 de octubre de 2016, cuando los reclusos lo atacaron a modo de venganza por su denuncia. Los presos se arrojaron de manera salvaje a Benítez: le pegaron, le intentaron quemar la cara, lo ahogaron en un inodoro y lo empalaron.

Según el interno atacado, avisó a los agentes pero nada hicieron. Uno de ellos le dijo: "Vas a tener que esperar al recuento" (de presos). Casi a las 8 de la mañana del día siguiente, cuando el celador de turno fue a revisar el sector, lo encontró a Benítez desangrándose: lo salvó un colchón, que sus compañeros le pusieron para detener la hemorragia.

A tres años y medio del hecho, los presos Alejandro Daniel Nogués (alias “El Uruguayo”, 46 años), Fernando Matías Pacheco (“El Gordo Fernando”, 34) y Jonathan Ricardo Rolón (“El Sicario de Don Orione”, 25) junto a los penitenciarios Miguel Ángel Rolón (32), Nelson Javier Vargas (28) y Marcelo Fabián Lezcano (42), estarán en el banquillo de los acusados frente a la Justicia.

Según lo publicado por Infobae, a los tres detenidos se les endilga haber sometido a torturas a Benítez, mediante el empalamiento, sumado a golpes, patadas, palazos y quemaduras, lo que le causó severas lesiones que pusieron en riesgo su vida. Fue en represalia, asegura la causa, por sus comentarios sobre la venta de drogas ilícitas en su pabellón por parte de algunos internos, concretamente, cocaína y calmantes, pastillas. Y quien los distribuía era, supuestamente, "El Gordo Fernando" -también le dio alprazolam para calmar al preso agredido y dormirlo-.

Todos arriesgan entre 8 y 25 años de prisión por el delito de torturas más las lesiones graves, para las que el Código Penal contempla una pena de entre 1 y 6 años. En tanto que los penitenciarios, por la omisión de las torturas, podrían ser castigados con una pena de entre 3 y 10 años de cárcel.