La pandemia ha profundizado la crisis económica argentina. La cuarentena puso en emergencia al sector privado y dejó expuesta la imposibilidad del Estado nacional de asistirlo con un programa que evite la pérdida de puestos de trabajo, el quiebre de la cadena de pagos y el cierre de empresas.
Argentina no accede a los mercados de crédito por el “default virtual” en el que estamos, según el presidente Alberto Fernández. Por lo tanto, para solventar los planes de asistencia que diseñan los ministros sólo cuentan el ajuste del gasto público y la reasignación de partidas, una fuerte reducción de la carga impositiva o la emisión de dinero.
Pero el Gobierno se ha negado a discutir las dos primeras opciones. Entonces, todo se financia con emisión: en los últimos 45 días, el Banco Central emitió 722 mil millones de pesos, lo que representa el 42% de la base monetaria.
Si ese monto contrarrestara el impacto económico del coronavirus, sería una medida arriesgada pero virtuosa.
Sin embargo, como representa una ínfima cantidad de todo lo que haría falta, ante el repunte inflacionario, la creciente brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, y la cerrazón gubernamental –que pretende fijar nuevos impuestos–, es lo más parecido a la lenta elaboración de una bomba cuyo mecanismo se puede disparar en cualquier momento.
El plan de contención del coronavirus gira alrededor de un único eje: la cuarentena preventiva y obligatoria. Pues bien, la obediencia social depende de la contención económica que cada trabajador reciba de su empleador y del Estado.
Por eso, los números de la economía se han tornado acaso tan relevantes como las estadísticas de la pandemia.
Según un sondeo de la Unión Industrial Argentina, al 72% de las empresas les cayeron las ventas más de un 60% y casi todas ellas enfrentan grandes dificultades para pagar sueldos.
Además, unas 700 mil pymes estarían asfixiadas y les resulta casi imposible obtener el crédito bancario propuesto por el Gobierno nacional con una tasa “preferencial” del 24 por ciento.
En la práctica, la pandemia ya puso en riesgo aproximadamente la mitad de los puestos de trabajo.
Los más gravemente afectados serían los casi cinco millones de asalariados informales y los más de cuatro millones de cuentapropistas. Aún falta contar los empleados formales del sector pyme, que no están a salvo.
Urge entonces un plan económico integral, que este Gobierno aún no ha esbozado, pese a los repetidos anuncios de ayudas diversas. Sería ideal que sume a la oposición al diseño, para que el consenso sea lo más amplio posible.
