La Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto de Integración Socio Urbana y Regularización Dominial, el cual es fruto de un trabajo de mucho tiempo.
Durante la campaña dijimos una y otra vez que la urbanización de los barrios y asentamientos populares era una de nuestras prioridades. No podemos siquiera concebir un país distinto si no atendemos con urgencia necesidades elementales como acceso a la vivienda y a los servicios básicos.
El Relevamiento Nacional de Barrios Populares nos permitió conocer con detalle la situación real de más de 4.000 barrios populares de todo el país, donde viven más de 3 millones de personas con problemas de hacinamiento, falta de agua o luz y viviendas inseguras, entre otros.
Mientras los datos llegaban de cada rincón de la Argentina -en Mendoza son 217 los barrios con carencias básicas- el Gobierno distribuyó a miles de familias el Certificado de Vivienda Familiar, una solución rápida y ágil para acelerar los trámites para contar con mejores servicios.
Quiero detenerme en un dato alarmante: casi el 40% de los vecinos que habitan en barrios populares tiene menos de 20 años. ¿No creen que es también una problemática educativa, de construcción de ciudadanía? ¿Acaso no miramos la realidad con un solo ojo cuando debatimos sobre los niños y jóvenes que tienen dificultades para interpretar un texto o resolver una operación matemática? ¿Qué pretendemos si estos niños no tienen una vivienda digna, les falta agua o luz? ¿Cómo se siente, qué perspectivas tiene un joven que busca trabajo pero en la entrevista no puede ni siquiera dar los datos de su domicilio, porque para el Estado no existe?
De esto se trata una política de Estado. Tres palabras que, afortunadamente, cada vez les escuchamos con mayor frecuencia a los funcionarios. Estamos otorgándole al Poder Ejecutivo las herramientas necesarias para avanzar con la expropiación de la totalidad de los inmuebles incluidos en el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana). Es el primer paso para que todas las familias que viven en situación de vulnerabilidad puedan acceder a un título de propiedad y a los servicios que por ley les corresponden.
Adjudicarle a este proyecto la etiqueta de "integración urbana" es quedarnos cortos. Estamos hablando de promoción social, de ciudadanía, de vida digna.
No mentimos cuando decimos que los proyectos no llegan al Congreso con un candado, listos para ser tratados sin modificaciones. Luego de un interesantísimo debate en comisiones, introdujimos cambios relevantes en la relación entre Nación, provincias y municipios, un punto clave en una iniciativa de esta envergadura.
Resolvimos que el Poder Ejecutivo no pueda proceder con las expropiaciones sin los acuerdos necesarios en cada barrio, con la provincia y administración municipal correspondientes. Quienes caminamos permanentemente las villas y asentamientos precarios sabemos que cada uno de ellos tiene una realidad especial. Es fundamental entonces que cada paso que se dé sea fruto de un consenso fuerte y una estrategia inteligente de las partes involucradas. En este tema, como en todos, privilegio siempre las cuentas y el desarrollo de Mendoza.
Además, instamos al Ministerio de Desarrollo de la Nación y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a que prioricen aquellas familias que necesitan una relocalización urgente por cuestiones de seguridad edilicia. Aquí, otra vez, se pone de manifiesto la importancia de una interacción fluida e inteligente con las administraciones locales: son los funcionarios más cercanos a los vecinos los más indicados para trabajar en la primera línea.
Tenemos la ley, tenemos el norte. Ahora viene la parte más importante y ardua: materializar la idea, concretar la ley, mejorar la calidad de vida de quienes más necesitan de un Estado comprometido, presente y decente.
