Con una terminal de ómnibus y un aeropuerto vacíos en Guaymallén y Las Heras y un movimiento sensiblemente menor al habitual en las escuelas y hospitales de la provincia, Mendoza repitió ayer el panorama de ausencia de usuarios que se vivió el pasado 31 de marzo. Por segunda vez en tres meses los sectores opositores de las centrales obreras CGT y CTA llevaron a cabo una medida de fuerza nacional.
El paro en el transporte volvió a ser decisivo y afectó a toda la actividad en Mendoza, aún la de los gremios que no adhirieron a la medida de fuerza como la docencia (salvo la UNCuyo), las estaciones de servicio y los comercios. Además los petroleros del Supeh procedieron a “bloquear” la destilería de Luján de Cuyo.
La jornada transcurrió casi sin circulación de colectivos y trolebuses entre las 6 y las 8 de la mañana y con un servicio restringido que por momentos alcanzó el 20 por ciento entre las 8 y las 22, para volver a caer a pique antes de la medianoche. Se espera que el servicio de transporte público de pasajeros se normalice hoy desde las 6.
El paro registró ayer por la mañana dos concentraciones en el microcentro mendocino: en San Martín y Colón primero y en San Martín y Sarmiento, después, con manifestantes de ATE, Sute Godoy Cruz (disidente de la conducción provincial) y partidos de izquierda, que terminaron marchando hacia la Legislatura Provincial. Allí se reunieron con militantes de Fadiunc, Judiciales, Sitea y Ampros.
Los dirigentes sindicales presenciaron la sesión del Senado en la que se homologaron los acuerdos salariales y los nombramientos acordados en paritarias para los estatales (ver página 2). En la oportunidad se reiteró el reclamo de reducción de la base de cálculo del impuesto a las Ganancias para los trabajadores estatales, tal como ya rige para los judiciales.
Una vez más se cruzaron las visiones de los gremios y el Gobierno en la evaluación del paro. Fue considerado “contundente” desde ATE, Ampros y Sipemom, aunque el coordinador paritario del Gobierno, Andrés Cazabán opinó que “el paro careció de legitimidad porque tuvo más connotación política que gremial. Es muy difícil pensar que esto no tenga un trasfondo político, cuando estamos a dos semanas de las elecciones”, subrayó.
Inmediatamente desestimó los alcances de la protesta: “El ausentismo entre los profesores del Gran Mendoza fue de 30% y en el resto de la provincia fue casi nulo. En los hospitales alcanzó el 10 por ciento, en centros de Salud no superó el 2 por ciento y en el Registro Civil la actividad fue normal”, remarcó.
En las escuelas se repitió el ausentismo mayúsculo de alumnos y estudiantes y la Dirección General de Escuelas (DGE) no tomó asistencia. Según Cazabán, el 20 por ciento de los docentes se presentó en los establecimientos más cercanos a sus domicilios a justificar su inasistencia en sus lugares de trabajo.
Al tiempo que remarcó que “el 80 por ciento fue a sus colegios”. Sin embargo, en la escuela Normal, su director Luis Nimes reconoció que faltaron “el cien por ciento de los alumnos, el 70 por ciento de los docentes y el 80 por ciento de los celadores”.
Para el ministro de Transporte de la provincia, Pablo Rousseau “se logró garantizar 20% del servicio”. Destacó que “entre los micros que circularon, un interno del Grupo 5 fue atacado a piedrazos a pocos metros de abandonar el control, por lo que hemos realizado la denuncia correspondiente”.
En tanto, desde el sector gremial, Rodolfo Calcagni de Sipemom, aseguró que “el acatamiento a la medida de fuerza llegó al 100% durante la mañana, pero luego bajó por el cumplimiento del Gobierno con el 20% del servicio. La medida fue contundente y en general superó el 90 por ciento”.
Desde ATE, el dirigente Roberto Macho destacó que “estamos repudiando fuertemente el acuerdo que ha realizado la UPCN con el Gobierno Nacional para los trabajadores de organismos nacionales de un 27% de aumento salarial en dos cuotas” (en Mendoza se acordó el 35 por ciento en una cuota).
Mientras el titular de Fadiunc, Mario García, subrayó que la adhesión de su gremio se debe a “la paritaria que fue cerrada intempestivamente para colocarle un techo del 27,4%, cuando nosotros reclamamos el 40% para todas las categorías”.
A su turno Raquel Blas (ATE) quiso responder a la acusación oficial de “política” para la huelga: “Me parece que todo paro es profundamente político, ya que los trabajadores no pueden esperar a la elección porque tienen que seguir viviendo y no lo pueden hacer dignamente en estas condiciones”, retrucó.
La huelga de ayer fue dispuesta por las opositoras CGT Azopardo de Hugo Moyano y Azul y Blanca de Luis Barrionuevo y por la CTA Autónoma de Pablo Micheli, más la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), tal como sucedió en el paro anterior del 31 de marzo.
Reclamaron la suba a 12 mil pesos del salario mínimo, un aumento en el monto de emergencia para jubilados, la devolución de los fondos de las obras sociales sindicales y paritarias “sin techo” además de la eliminación del cobro de Ganancias a los mayores sueldos.
Poca incidencia en departamentos del Sur
El paro nacional en el sur mendocino tuvo características especiales ya que el transporte público no incide grandemente en la ciudadanía debido a que este servicio no es fundamental, al menos, en la ciudad de San Rafael.
Sin embargo en las zonas rurales la medida de fuerza se sintió con más intensidad, porque los alumnos (en la mayoría de las escuelas) no asistieron ya que deben recorrer grandes distancias desde sus casas hasta los establecimientos.
Además, después del mediodía, la delegación sur del Sindicato de Choferes solicitó disminuir aún más las frecuencias por lo que en horario vespertino el paro se hizo más visible.
Las estaciones de servicio atendieron con normalidad salvo la del Automóvil Club Argentino que estuvo cerrado con cintas protectoras. El hospital regional Teodoro Schestakow, hasta la media mañana funcionó prácticamente en forma normal y la medida de fuerza de los profesionales médicos comenzó a sentirse cerca del mediodía. En Tribunales, los juzgados atendieron aunque se informó que muchos de los empleados adhirieron a la medida gremial.
En General Alvear, la medida tuvo repercusiones similares aunque se agravó en los recorridos que hace la empresa La Unión a los distritos. Al reducirse las frecuencias, muchos empleados públicos y alumnos no pudieron trasladarse. La situación en Malargüe también fue de escaso acatamiento.
Cabe destacar que en estos departamentos la mayoría de las personas se traslada habitualmente por sus propios medios, en bicicleta o automóviles debido a las carencias que presenta el transporte público en general con falta de frecuencias y en algunos casos con vehículos que no reúnen las condiciones mínimas exigidas por Transporte.
