Un papelón internacional

Lo sucedido días pasados, cuando un grupo de no más de 50 personas hicieron que se suspendiera una maratón de nivel internacional, obliga a las autoridades, tanto judiciales como del Ejecutivo, a adoptar las medidas que correspondan.

Un papelón internacional

Fue la gota de agua que rebasó el vaso. El papelón, esta vez de alcance internacional, que se vivió como consecuencia de la protesta realizada por un gremio de trabajadores estatales y que derivó en la suspensión de la Ultra Maratón del Aconcagua exige, de una vez por todas, que la Justicia aplique las medidas que correspondan ante la presentación efectuada por el organizador, mientras que administrativamente las autoridades provinciales deben establecer las sanciones que correspondan hacia quienes formaron parte de la medida de fuerza.

No se puede aceptar que un grupo de 50 personas, 20 de ellas guardaparques y las 30 restantes de algunos que tienen a la prepotencia como profesión, ya que son pagados por el gremio, terminen afectando a toda la provincia, echando por tierra todo lo que se ha trabajado a nivel de posicionamiento turístico y poniendo en juego la posibilidad de eventos de este tipo que, de haberse realizado, hubiera generado un fuerte prestigio internacional.

Lo hemos señalado ya en numerosas oportunidades. Algunos gremios de estatales, ante la escasa repercusión ante la opinión pública que tienen sus paros de actividades, ya sea por el bajo valor de acatamiento o por otras circunstancias, recurren a otras medidas, como el corte de calles, para llamar la atención, aun a expensas de molestar al grueso de la población.

Actúan así con total impunidad, basándose en la cláusula constitucional que fija la estabilidad del empleado público, razón por la cual no se les puede despedir.

Pero esa estabilidad que señala la Constitución se adoptó para evitar que un gobierno, al asumir, proceda a cesantear empleados para cubrir las vacantes con gente adepta a su pensamiento político, no para cortar calles o rutas, que sí está prohibido por la Constitución.

Se ha denunciado también la posibilidad de la existencia de intencionalidad política en muchos de los planteos, situación no descartable si nos atenemos al hecho de que muchos de esos dirigentes suelen, en horas de la mañana, cortan calles por un reclamo gremial; en la tarde, hacen lo propio por los juicios a los militares y en las primeras horas de la noche en movilizaciones de ambientalistas en contra de la minería. Están en todo su derecho de hacerlo, siempre y cuando no avancen sobre los derechos de los demás.

Pero lo sucedido días pasados es muy grave. El Aconcagua es conocido mundialmente y es un desafío para los amantes de la montaña, desde quienes desean ascenderlo hasta quienes quieren participar de una maratón tomando sectores del cerro como parte de la competencia, como se había previsto en la ultra maratón.

No fue casual que fueran más de 500, de 15 países del mundo, quienes se anotaron para competir, abonando cada uno de ellos la suma de mil pesos, los que iban a ser destinados para gastos de infraestructura y de cobertura para casos de necesidades.

Todo iba bien hasta que un pequeño grupo de manifestantes, nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado, decidió realizar una “asamblea” en el ingreso a un puente que cruza sobre un arroyo.

No sólo eso, sino que, como la organización buscó una salida alternativa, también la cortaron. Y no actuaron de la mejor forma sino que la manera de “convencer” a los participantes consistió en la utilización de la fuerza y de la prepotencia.

También resulta inaceptable que la medida se haya realizado no por un problema de coyuntura que requiriera de una respuesta urgente, sino por el reclamo de concursos para el ingreso de personal de guardaparques, que no se cierren las reservas naturales y que no se desafecte ninguna fuente de trabajo, además del reclamo por la inseguridad, lo que demuestra que la manifestación se realizó con el único objetivo de suspender la maratón para llamar la atención.

Lo sucedido no puede quedar impune. Es necesario que los organismos competentes -la Justicia por un lado y los funcionarios por el otro- adopten las medidas que la seriedad del caso requiere.

De no ser así, de quedar todo como está, los mendocinos deberemos acostumbrarnos, lamentablemente, a que las decisiones de unos pocos sigan afectando al resto de la población.

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