La situación económica de los productores vitivinícolas es pésima, y no exagero cuando afirmo que es desesperante, el valor del vino disminuyó un 70% respecto de noviembre de 2017.
Esta conclusión surge de analizar los datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza, donde todos los meses se calcula y se publica el “Valor ponderado de conjunto financiado de vinos”, o sea el promedio del registro de operaciones realizadas por volumen, precio, vino y por mes. Allí se indica que en el mes de noviembre de 2017 el precio ponderado de vinos fue de $ 12,9099, y en marzo de 2019, fue de $ 7,6513. Es decir, que en precio real, bajó $ 5,2586 (41%), y si le aplicamos una inflación entre las fechas indicadas de sólo el 50%, el “Valor ponderado de conjunto financiado de vinos” sería de $ 3,825 (un 70% menos del valor de noviembre de 2017). En este contexto, es imposible asumir gastos operativos anuales del cultivo, los compromisos fiscales, y menos aún levantar una cosecha.
Cuando todo aumenta, paradójicamente el precio del vino para el productor cae considerablemente. No es intención de esta nota buscar responsables de esta situación, ya todos saben quiénes son, y quiénes manejan la vitivinicultura desde 1995 en Mendoza.
Con buen criterio, el Gobierno de Mendoza a través del Ministerio de Economía envió al Poder Legislativo un Proyecto de Ley para solicitar un endeudamiento, cuya finalidad principal, entre otras, sería un Operativo de compra de Uva con destino a mosto para estabilizar el mercado de oferta-demanda de vinos y para financiar la cosecha de aquellos productores o contratistas sin recursos. Se dicta la Ley 9.146 del 26/02/2019 y se Reglamenta mediante el Decreto 385/2019. En el Artículo 3º de este Decreto se establecen $ 400 millones para financiar este Operativo y $ 50 millones para comprar uva a contratistas de viña.
Luego el Ministerio de Economía publica en Diario Los Andes, el 24 de marzo de 2019, en el Suplemento Economía lo siguiente: “Las acciones que estarán funcionando a pleno a partir del 1º de Abril son básicamente: Operativo de compra de uva con destino a mosto a pequeños y medianos productores y contratistas de viña con alcance para comprar cerca de un millón de quintales de uva”.
Lamentablemente el “Reglamento de compra de uva” para el Operativo se dicta en contra de los objetivos de la Ley, y de su Decreto Reglamentario, tal como se detalla a continuación, lo que hace “imposible” que para el productor sea una opción viable o conveniente vender su cosecha al Estado, a pesar de que ofrece el mejor precio del mercado de la uva.
Los motivos son
A- Se le exigió 225 gr/lt de azúcar en su uva para elaborar. Complicado para lograrlo, luego de reconocido el error, se lo bajó a 222 gr/lt.
B- Al productor se le exigió el “Certificado de cumplimiento fiscal”, si no lo poseía, se le disminuía un 10% el valor del quintal. Un castigo injusto se lo tendrían que descontar del importe a recibir y no bajarle el precio.
C- La Tasa de Estadística la debía abonar totalmente el Productor. En contra de lo establecido por la Ley 9.133 sobre eximición de todo tributo.
D- El Estado Provincial estableció como forma de pago abonar al productor o contratista, a los 30 días de emitida la factura, o sea no se le adelantó absolutamente nada para cosecha y acarreo, que es un gasto ineludible e indispensable para cada fin de semana de cosecha.
E- Se le determinó el descuento del Programa de Lobesia Botrana, del monto a recibir como pago.
Como vemos, al productor que carecía de recursos para levantar la cosecha, se lo condicionó de tal manera que se le hizo imposible venderle al Estado, y para poder levantarla, tuvo que acudir a las fábricas de mostos, generándole a éstas un excelente negocio, actualmente mucho mejor por el aumento del precio del dólar.
Debemos rescatar la acción llevada a cabo por el municipio de Junín, que a diferencia del operativo provincial, si se orientó a los pequeños productores, ya que destinó fondos propios para la comprarle uva y le adelantó parte del precio para que pudiesen levantar su cosecha, sin endeudarse ni tener que caer en los precios viles de las fábricas de mosto. Esta forma resultó una verdadera ayuda y asistencia para que el que menos tiene pueda levantar su producción.
En Conclusión
1- El Gobierno de Mendoza sólo compró uva a buen precio a los productores que tenían dinero para levantar la cosecha.
2- El productor “sin recursos” tuvo que obligatoriamente elaborar en una fábrica de mosto que le financió la cosecha, le compró su uva 20% menos que el Estado, y la diferencia el productor la recibirá de julio a diciembre con la devaluación correspondiente.
3- El Estado compró aproximadamente un 55% menos de lo comprometido públicamente y autorizado por Ley.
En síntesis, la provincia de Mendoza se endeudó, no le ayudamos al productor en problemas y sin recursos, los que tenían dinero para la cosecha hicieron un buen negocio, las fábricas de mosto realizaron el suyo, el precio de la uva no subió y no logramos estabilizar el mercado para recuperar el precio del vino.
Con tristeza vemos que, el operativo de compra de uva, sólo le sirvió al que podía levantar su cosecha, en lugar de asistir al que realmente lo necesitaba: el pequeño productor que no tenía forma de cosechar sin endeudarse.
