En su reciente discurso de apertura del nuevo año legislativo, el gobernador Alfredo Cornejo trazó los lineamientos básicos de la segunda parte de su gestión. Entre los aspectos que destacó se incluye una extensa mención a la política de seguridad, de la que rescató lo que define como logros, según las estadísticas. Sin embargo, no debe olvidar el gobierno provincial que la reiteración de hechos delictivos importantes suele mantener la sensación de vulnerabilidad en buena parte de la población. Por eso se trata de una problemática de abordaje necesariamente obligatorio por parte de quienes conducen el Estado.
Otros asuntos vinculados con la acción contra la inseguridad son los de índole judicial. En este aspecto, el discurso del titular del Ejecutivo enfatizó en la constante remisión a la Legislatura de proyectos para mejora y agilizar la acción de la Justicia, siempre criticada cuando se analiza la acción delictiva y el control de la misma. Lamentablemente muchas veces algunas iniciativas, como la de ampliación del número de miembros de la Suprema Corte, suelen confundir por la interpretación que se hace desde los ámbitos partidarios. En este caso puntual, un buen porcentaje de la dirigencia sospecha de las reales intenciones del actual gobierno si logra sumar más jueces al máximo tribunal. Muchas veces dichos supuestos y sus correspondientes desencuentros políticos dificultan poder acceder a un debate serio y profundo sobre la indudable necesidad de mejorar la administración de justicia para los mendocinos. No obstante, casi una treintena de propuestas emitidas por el Ejecutivo han tenido curso favorable en el ámbito legislativo desde que gobierna Alfredo Cornejo, por lo que es de esperar que los nuevos debates que se planteen, entre los que se encuentra el ambicioso plan de juicio por jurados, arrojen los resultados que la ciudadanía está esperando.
Aunque no fue un asunto central de su reciente discurso, el Gobernador vuelve a plantear a los mendocinos la necesidad de reforma de la Constitución provincial. Y, como de costumbre, el tema de las reelecciones en cargos que dependen de la votación popular vuelve a estar en el tapete. Incluso el de la posible reelección de gobernador y vice, algo que no permite la Carta Magna y que más de una vez tentó a los gobernantes de turno para plantear alternativas que sí pusiesen en práctica dicho mecanismo.
Si bien el licenciado Cornejo se encargó públicamente de reiterar que la posibilidad de su propia reelección se encuentra fuera de todo análisis, por no estar permitida y porque los mecanismos constitucionales vigentes no otorgan los márgenes de tiempo si se piensa en el próximo año electoral, en el campo de las suposiciones siempre se encienden luces de alerta que no le hacen bien a un debate serio desde lo institucional como merece un eventual proceso reformista.
Podría ser recomendable en estos casos que una comisión de expertos, preferentemente despojados de la mayor cantidad posible de intereses políticos, tome un tiempo prudencial para expedirse sobre la real necesidad de reforma constitucional si es que se llegase a la conclusión de que es conveniente dar ese paso. Es justo reconocer que hay ámbitos en los que se ha venido trabajando en tal sentido.
Una exhortación a los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, responsables del debate y definición de las propuestas que deben repercutir a favor de los mendocinos. Nuestra provincia se ha caracterizado con los años por su apego a las pautas institucionales sobre los intereses sectoriales. El Poder Legislativo local tiene, a diferencia de otros parlamentos, la virtud de mantener una actividad pareja durante gran parte del año, incluyendo el período extraordinario de sesiones, que no requiere de la convocatoria del Ejecutivo. Eso compromete a un trabajo serio y responsable, capaz de asegurar el equilibrio de poderes y evitar avances o desbordes que desestabilicen esa premisa republicana.
