Hoy en Mendoza, se cumple nuevamente el rito institucional que acontece cada cuatro años en que un gobernador le cede el paso al otro, como viene ocurriendo más o menos de modo similar desde que el general don José de San Martín ocupara el prestigioso sillón para liberar América, iniciando su superior plan estratégico desde estas nobles tierras.
Para la provincia se trata de un acontecimiento mayor que de algún modo representa lo mejor de nuestra tradición constitucional: la movilidad política es una constante ya que con cada gobernador, sea del mismo o de distinto partido al anterior, nuevos sectores de la dirigencia se incorporan a la cosa pública, lo que de hecho han permitido las limitaciones a la reelección, que obliga a la renovación constante de las élites.
Por estos meses, frente a los avatares del proceso electoral, tuvimos la posibilidad de que la Argentina toda conociera con mayor profundidad lo que ocurre en los comicios mendocinos donde el pluralismo institucional es la verdadera estrella incluso por encima de las personas que compiten por la gobernación.
En efecto, hasta ahora, desde los reinicios democráticos de 1983 la provincia ha tenido nueve gobernadores, cuatro radicales y cinco peronistas (o cinco y cinco si se cuenta al entrante, Rodolfo Suárez) lo que indica la inexistencia de cualquier tipo de hegemonía o de caudillismo. A esto hay que sumarle que en las elecciones de medio término una gran cantidad de veces ha resultado triunfante el partido opositor o se han incrementado mucho las terceras fuerzas, lo que indica que la ciudadanía ejerce con su voto de manera continuada y permanente, el control del poder.
En esta oportunidad Mendoza ha votado para gobernador de modo diferente al color político nacional y al de la mayoría de las provincias, lo que obligará a desarrollar una capacidad de negociación y equilibrio para que los intereses provinciales no sean subordinados a los partidarios.
Y para ello se deberá contar con el apoyo de todos los dirigentes políticos, sean del partido que fueran.
La provincia ha podido construir en estos últimos años un Estado que funciona razonablemente bien dentro de las dificultades inevitables que nos preocupan como país; por lo que ahora de lo que se requiere es que el Estado, aparte de actuar sobre el gobierno, lo haga centralmente sobre la sociedad que está muy agotada por todos los padecimientos que sobre la misma vienen cayendo por causa de la crisis económica que parece interminable.
Frente a los dramas socio-económicos y políticos que están sufriendo muchos de nuestros países vecinos ante la sublevación de sus sectores populares, principalmente las clases medias, la provincia de Mendoza deberá ocuparse con mucha atención por fortalecer de todos los modos posibles los sistemas de atención de salud y de educación, que a la postre son los grandes proveedores de recursos básicos y de servicios sociales que en los momentos más difíciles le ofrecen a la sociedad las bases desde las cuales tener un mínimo de seguridad y confort.
La seguridad sigue siendo una tarea esencial a la que nunca hay que descuidar un minuto porque si no la delincuencia reaparece con todo vigor. Es mucho lo que falta por hacer en esta materia y todo se lo deberá intentar.
Mendoza es lo que es por las obras públicas con las cuales el oasis ha dominado al desierto. Será entonces prioritario que las diversas fuerzas políticas se pongan de acuerdo para proyectar los grandes emprendimientos sin poner obstáculos en los mismos.
En síntesis, se debe hacer un gobierno de puertas afuera que es lo que hoy Mendoza y su sociedad requieren pero sin descuidar la buena administración de los recursos, disminuyendo deudas y déficit, tratando de acabar con todos los privilegios en el Estado y pensando en los más pobres por encima de todo.
Frente a la asunción de un nuevo gobernador, se hace necesario recordar el buen contexto institucional que mendoza le aporta al país y que debe continuarse. Además de establecer con claridad un proyecto integral para todos los mendocinos.
