El miércoles 1 de agosto pasado, el juez federal Claudio Bonadio ordenaba 11 arrestos y 34 allanamientos y más una decena de indagatorias en la causa caratulada "Fernández Cristina Elizabet y otros s/asociación ilícita". Desde ese momento, el expediente judicial pasó a ser uno de los más activos de los tribunales de Comodoro Py y sus movimientos pegaron de lleno en encumbrados empresarios y en ex funcionarios kirchneristas. El vértigo y la espectacularidad de la causa continuarán en el mes que hoy arranca: también por orden de Bonadio, este lunes volverá a ser indagada las dos veces ex presidenta, quien no ha dudado en calificar al proceso judicial de "persecución política" en su contra.
La causa fue gatillada por un bloc anotador y siete cuadernos espiralados, tipo escolar, cuya autoría se atribuyó Oscar Centeno, quien fuera el chofer de Roberto Baratta, funcionario clave del Ministerio de Planificación durante la gestión de Julio De Vido. Centeno y Baratta estuvieron entre los primeros detenidos. El chofer fue liberado poco después al ser encuadrado en la figura del "imputado colaborador".
Asociación ilícita
"Verdadera bitácora del delito". Así calificó el fiscal Carlos Stornelli a las anotaciones de Centeno. En su escrito acusatorio, Stornelli imputó a 28 personas de "haber integrado una asociación ilícita". La lista de los primeros imputados resultó apabullante: allí se mezclaban el empresario Gerardo Ferreyra (cabeza de Electroingeniería), con Javier Sánchez Caballero, ex directivo de IECSA, la ex empresa de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri; o el ex directivo de Industrias Pescarmona, Francisco Valenti, entre otros. También figuró en la acusación el ex juez Norberto Oyarbide, ex funcionarios kirchneristas de segunda y tercera línea, además de De Vido y Oscar Parrilli. Según el fiscal, Néstor Kirchner y Cristina Fernández encabezaban la presunta asociación ilícita. La operatoria consistía en la recaudación de dinero (tarea que ejecutaba Baratta, principalmente) en un círculo compuesto por empresarios contratistas del Estado. Esas rondas recaudatorias componen los apuntes de los cuadernos.
El 3 de agosto, Centeno, después de varias idas y vueltas en allanamientos improductivos, dijo haber quemado los cuadernos y el bloc anotador. La causa quedó apoyada en la digitalización de esas anotaciones, dadas a conocer también por una investigación del diario La Nación.
¿El principal peso probatorio de la causa quedaba afectado al desaparecer los originales? "Entiendo que no -dijo el especialista en Derecho Constitucional, Andrés Gil Domínguez- puesto que esos cuadernos tuvieron el valor de prueba indiciaria suficiente como para motorizar una investigación. Pero después, al parecer, hubo aportes testimoniales más importantes que los cuadernos".
El nuevo combustible para la causa llegó con los "arrepentidos". La figura del "imputado colaborador" se volvió clave para la causa. Ya son 17 (el empresario Enrique Pescarmona y Valenti fueron los últimos) los imputados que conforman el bautizado "club de los arrepentidos". Gracias a su condición de colaboradores, siguen el proceso judicial sin prisión preventiva.
Los testimonios de los arrepentidos trascendieron las anotaciones del chofer Centeno. De los escritos, se desprendía que los empresarios aportaban en negro dineros que, entendían, era volcados a las campañas electorales del Frente para la Victoria.
El primo presidencial, Angelo Calcaterra, detenido su ex colaborador Sánchez Caballero, se presentó ante el juez Bonadio y rubricó, como arrepentido, la tesis de "los aportes para la campaña".
Pero otros testimonios abrieron notablemente el arco investigativo de la causa, al punto de volver anecdóticos los cuadernos. Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, dijo que a partir de 2004, desde el gobierno, se organizó un esquema de cartelización de la obra pública, en el que se asignaban emprendimientos, a cambio de retornos. Asomaban nuevos circuitos recaudatorios a la par de las rondas recaudatorias del chofer Centeno.
Wagner señaló en dirección a la obra pública. Otros señalaron en nuevas direcciones. Claudio Uberti, ex funcionario a cargo del organismo que controla concesiones viales, también aludió a un esquema organizado desde el gobierno para recaudar dinero entre los concesionarios del sector.
Cartelización
Aldo Roggio, según publicó La Nación, recibió la "sugerencia del fiscal Stornelli, para que su testimonio aludiera al funcionamiento del esquema recaudatorio entre los concesionarios de transporte público". Roggio declaró como arrepentido y quedó en libertad.
A los dineros para campañas electorales (el juez quiere indagar a los diputados nacionales José Larroque y Wado de Pedro, referentes de La Cámpora), los arrepentidos abrieron otros frentes: cartelización de obra pública, concesiones viales, concesionarios del transporte público. Paolo Rocca, cabeza del principal grupo industrial argentino, Techint, respaldó a gerentes involucrados. Rocca confirmó que su holding hizo pagos para que el gobierno kirchnerista intercediera en las negociaciones por la expropiación de una siderúrgica en Venezuela por parte de Hugo Chávez.
Ayer, el fiscal Stornelli pidió la detención del financista Ernesto Clarens, a quien le atribuye un rol en el manejo del dinero recaudado por los ex funcionarios.
Episodios, estadísticas y sombras de un caso bisagra
En tribunales hay quienes advierten sobre algunas episodios del caso. Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández, denunció que el juez Bonadio le prohibió permanecer durante el allanamiento de una de las propiedades de la ex mandataria.
Mariano Cúneo Libarona, abogado defensor de otro imputado, el empresario Sergio Taselli, dijo que su defendido "va a mentir y va a involucrar a alguno" con tal de estar preso. Sostuvo que ante la posibilidad de ir preso, los arrepentidos podrían mentir.
Hugo Wortman Jofré, abogado experto en temas de corrupción, alertó sobre "la cantidad de arrepentidos haciendo cola en los Tribunales" y dijo que "arroja sombras sobre la efectiva voluntad de los imputados de acogerse al régimen de cooperadores.
Bonadio informó que el expediente acumula "32 cuerpos de actuaciones y voluminosa documentación", "70 allanamientos", el secuestro de unos 6 millones de pesos y poco más de un millón de dólares, 52 declaraciones indagatorias, "26 personas detenidas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, subsistiendo 2 personas con orden de captura". "17 imputados declararon en calidad de arrepentidos y se han resuelto 15 acuerdos de homologación en forma positiva".
Bonadio imputó por el presunto delito de “asociación ilícita” a 15 ex funcionarios y afirmó en su último escrito que “los fondos recaudados” llegaban finalmente “a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido”.
