Esta semana, en la Sexta Cámara del Crimen, se abrirá el debate oral y público que tiene, a un psiquiatra forense y a un agente penitenciario, acusados de "pedir coimas" a cambio de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria, a presos de las cárceles de la Provincia.
Los acusados son el médico Luis Chacón y el agente penitenciario Pablo Spagnolo.
Fue en junio de 2014, cuando frente a las puertas del edificio donde tienen sus despachos los fiscales de Delitos Complejos, el padre de un interno denunció que le habían pedido 15 mil pesos "para agilizar el trámite" de su hijo, acompañando lo que había grabado, en un común acuerdo hecho de antemano con las autoridades judiciales que, desde una de las ventanas del edificio sobre calle Belgrano, podían observar la escena.
Un informe
Según se conoció, fue el psiquiatra el que mostró al recluso un informe, pero en la pantalla de una computadora. Ese escrito hacía referencia a que era necesaria "una persona" que se hiciera responsable de su arresto domiciliario.
El denunciante recordó que "en ese momento le pidieron a mi hijo los teléfonos y desde ese momento comenzaron a llegar los mensajes: primero sobre un 'arreglo' y después, recordándole que, de no 'arreglar, tu hijo se quedará preso'".
La causa
El caso quedó en manos del fiscal Santiago Garay quien, en forma inmediata, los imputó de cohecho, ordenando la detención de ambos, sumando además a un tercer hombre, cuya identidad no trascendió, pero que había estado involucrado en la maniobra fraudulenta.
El hecho tuvo trascendencia a nivel político, siendo el diputado radical, Héctor Quevedo, el que anunció un pedido de informe, relacionado con el médico y el penitenciario, oportunidad en que acompañó el detalle de "unos 20 casos" de presos acusados de hechos que van desde el homicidio calificado, pasando por los robos agravados, incluyendo algunos casos de reincidentes y otros condenados a prisión perpetua.
Según trascendió en aquel momento, Chacón se desempeñaba como un perito forense más, dedicado a la evaluación psiquiátrica de los presos, conforme a lo que era solicitado desde los juzgados donde se hacía el seguimiento procesal del interno.
Por su parte Spagnolo, con el cargo de subayudante, cumplía funciones en el área de traslado de los presos desde la cárcel de Boulogne Sur Mer y, según la instrucción, estará considerado como el nexo necesario entre los internos y la familia de estos, que debían conseguir el dinero (se habló de unos 15 mil pesos por operación, cifra que podía elevarse de acuerdo a la gravedad de los hechos) para lograr, mediante certificados "truchos", obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
