Por Carlos Sacchetto - Corresponsalía Buenos Aires
La obligada búsqueda de acuerdos que intenta a cada paso el Gobierno para superar su debilidad parlamentaria, se ha convertido en la mejor y casi única herramienta de Mauricio Macri para construir poder desde la política. Aun con mayores o menores concesiones a la oposición, el oficialismo va logrando dos objetivos de valor incalculable. Uno es generar confianza en quienes son contraparte de las negociaciones, y el otro es ganar tiempo, una necesidad vital para la Casa Rosada.
Ambas cuestiones se pusieron de manifiesto durante la semana que pasó, con el fracaso del kirchnerismo en la Cámara de Diputados al intentar aprobar en sesión especial la llamada ley antidespidos que tiene media sanción del Senado.
Ya dijimos que ese proyecto, más que un debate legislativo, es el eje de una exagerada pulseada política de la que participan no dos ni tres, sino cuatro contendientes. Son el Frente para la Victoria que comanda la ex presidenta Cristina Fernández desde Santa Cruz; el oficialismo macrista; el sector de UNA-Frente Renovador que lidera Sergio Massa y el sindicalismo organizado en las tres CGT, que tiene inserción en cada uno de los bloques anteriores.
El Gobierno tiene en sus manos encuestas que revelan que a medida que van pasando los días, la sociedad tiene cada vez más claro que se trata de una confrontación política y no de una solución al problema del desempleo.
Esto adquiere importancia porque si se aprueba la ley como está, y el Presidente cumple su promesa de vetarla en forma total o parcial, el costo político a pagar por parte de Macri no sería tan significativo, como cree la oposición. Tampoco serían importantes los laureles con los que sueña Massa en caso de lograr introducir modificaciones al texto original.
Los dineros
“Esto se resuelve fuera del Congreso”, coincidieron en el Gobierno y salieron a convencer con argumentos políticos y beneficios económicos a los líderes gremiales encabezados por Hugo Moyano. Los argumentos políticos no prendieron lo suficiente, pero las promesas de llevar el salario mínimo a 8 mil pesos, con un aumento del 30 por ciento, y modificar las distorsiones del impuesto a las Ganancias, sonaron como música de calidad en los oídos del camionero.
El Consejo del Salario, ámbito donde se decide la elevación del mínimo, está convocado para el próximo jueves y la sesión de Diputados para tratar la ley antidespidos, para el miércoles. En la Casa Rosada sostienen que si los sindicatos producen un guiño que relativice la importancia de esa ley en la conservación de empleos, se desmoronará no sólo la estrategia del kirchnerismo sino también la de Massa.
“Si hay modificaciones al texto original el proyecto deberá volver al Senado. Tendremos más tiempo a favor y posibilidades de negociar con los gobernadores”, se entusiasma una de las espadas macristas.
En ese caso, nadie está en condiciones de asegurar si habrá ley, en qué términos y si el Presidente tendrá que ejercer o no su derecho de veto. Punto a punto, como las tejedoras con agujas, los hombres del Presidente creen estar confeccionando la carpeta sobre la que se servirán los primeros resultados de la gestión, dando impulso a una nueva época económica.
Prometen para junio una inflación no mayor al 2 por ciento y en caída; un crecimiento fuerte de la actividad y un aumento considerable de la inversión y del empleo, arrastrados por el sector de la construcción gracias a la reactivación de la obra pública.
Los silencios
En forma reservada, para que no se lo malinterprete, un funcionario de alto rango aclaró hace días que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, no está sufriendo de una súbita afonía. Al parecer, el hombre por fin comprendió la recomendación que Macri hizo a todos los miembros del gabinete acerca de que hay que coordinar en equipo no sólo lo que se hace sino también lo que se dice.
Bajo el argumento de hablar con la verdad, que es algo muy loable en la vida pero no siempre en la política, Aranguren ha venido anticipando futuros aumentos de tarifas y combustibles de manera inoportuna.
Los que también están callados en público pero a los gritos en privado son varios dirigentes importantes del radicalismo. Sostienen que en realidad Cambiemos no es una coalición de gobierno porque sus hombres no participan como les correspondería en la gestión oficial.
Son pocos los funcionarios radicales y todavía no se resuelven, como ellos pretenden, las delegaciones de organismos nacionales en las provincias, donde la UCR reclama el pago por haber puesto su estructura territorial al servicio del triunfo de Macri. La promesa del Pro es arreglar eso más adelante, cuando se superen las urgencias.
El otro capítulo gravitante de la escena política lo protagoniza la Justicia. Los sondeos que monitorea el Gobierno muestran que la inflación está al tope de las preocupaciones de la sociedad, pero que también hay un marcado reclamo de castigar los hechos de corrupción.
En la Casa Rosada explican que la embestida para cuestionar y apurar a los jueces no es ni será una tarea oficial, y que las acciones de Elisa Carrió corren por su cuenta. Ante el nuevo procesamiento de Cristina dispuesto por el juez Claudio Bonadío, La Cámpora ha propuesto a su jefa una nueva incursión por Buenos Aires con un acto mayor al realizado frente a los Tribunales, el 13 de abril. Todavía no hay un sí, ni un no.
