La caída de casi 10% en la superficie plantada con hortalizas en la actual temporada debe constituir un llamado de atención para las autoridades. La situación puede responder a distintos factores pero tiene una profunda incidencia en el plano social: las 2.748 ha menos cultivadas significan, por lo menos, una cantidad similar de puestos de trabajo, si tenemos en cuenta que se trata de una actividad con fuerte incidencia de mano de obra intensiva.
Si bien se trata en la mayoría de los casos de trabajos “temporarios”, también debe considerarse que los obreros rurales se desempeñan tanto en la plantación del cultivo como en el cuidado del mismo, en la cosecha y también en el procesamiento de los productos, antes de llegar al consumidor final.
De acuerdo con una nota publicada recientemente por Los Andes, en la actual temporada la superficie cultivada con hortalizas de invierno y verano alcanza a 29.591 hectáreas, 8,5% menos que en la temporada anterior. Frente a ese panorama, cabría preguntarse por qué los productores han decidido dejar de invertir en los cultivos y el análisis puede responder a distintos aspectos.
Se aduce, con una fuerte dosis de razón, que las lluvias y la escasa rentabilidad han provocado la peor cosecha de los últimos diez años. Pero la realidad marca una situación compleja, porque ante la imposibilidad de cosechar por la lluvia, la lógica indicaría que el precio de las hortalizas debe aumentar.
El hecho ocurrió, pero resulta que la rentabilidad terminó quedándose en la cadena de comercialización y nunca llegó al productor, con porcentajes incomprensibles que alcanzan al mil o dos mil por ciento de diferencia entre lo que recibió quien produce y quien vende en el mercado.
Así entonces, muchos productores se han quedado sin espalda financiera para poder iniciar un nuevo año agrícola. La lógica indicaría que podrían recurrir a préstamos bancarios, pero son inalcanzables cuando se habla de tasas de más de un 35% de interés.
Los propios actores del sector señalan que la situación está expulsando a los pequeños productores y que sólo van a sobrevivir los especializados, con el agravante de que más del 70% de los cultivos está diversificado en pequeñas parcelas.
A lo largo de los años ha quedado demostrado que la intervención del Estado en el mercado ha resultado negativa y que es mucho más importante el libre juego de la oferta y la demanda.
Pero ante hechos como los señalados, no quedan dudas de que el Estado debe actuar, ya sea estudiando las cadenas de comercialización para establecer criterios que permitan un reparto más equitativo de la torta y también en el caso de las tasas de interés para permitir que muchos productores que perdieron sus cosechas por las inclemencias climáticas puedan volver a la actividad a través de créditos con tasas más accesibles.
