Un proyecto del senador radical Alejandro Morelo apunta lisa y llanamente a hacer desaparecer al Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS) y a traspasar toda la actividad regulatoria de ese organismo al Ministerio de Infraestructura.
El proyecto, que ayer tomó estado parlamentario, por lo que será discutido en los próximos días, plantea derogar la ley 6.044, creadora del EPAS, “cesando de inmediato las funciones” tanto de su directorio como de quienes se desempeñan al frente de ese cuerpo, y dispone, entre otras cosas, que el personal que allí trabaja pase a la órbita de la cartera que conduce Rolando Baldasso.
Pero, además, considera que parte de los recursos económicos que hoy se direccionan a ese ente regulador, a partir de la tasa del 2,76% que en la factura del agua se cobra “por inspección, control y sostenimiento”, se utilice para mantener y expandir las redes de agua y cloacas, como una forma de contribuir a las alicaídas arcas de Aysam para avanzar en las obras demoradas.
Así lo explicó el propio Molero, al decir que los montos que esa tasa representa -a su criterio “unos 8,3 millones de pesos anuales”- pueden ser utilizados en el “mejoramiento y ampliación de las redes, ante la grave emergencia existente particularmente en el Gran Mendoza”.
Control "estatal" del Estado
Desde el Gobierno no ha aparecido una posición oficial sobre esta nueva propuesta. De hecho, desde el despacho de Baldasso se informó que el ministro "aún no tiene en sus manos el proyecto y por eso no puede opinar", aunque dijeron que él "no descarta posibles discusiones" sobre el tema.
Donde sí hubo un rechazo fue en el mismo EPAS, no sólo en los planteos económicos sino sobre el rol que hoy cumple ese ente.
Es que uno de los fundamentos que el legislador radical esgrime es que “el Estado no puede controlar al propio Estado”, basándose en que Aysam es una empresa con mayoría estatal.
“Hoy el EPAS ha quedado relegado a atender a las cooperativas en las zonas rurales, única función que le da sustento. Ese control lo puede hacer el ministerio”, dijo Molero.
El presidente del directorio del EPAS, Javier Montoro, lo contradijo. “No sólo controla a Aysam, sino también a tres municipios (Tupungato, Luján y Maipú) que son operadores y a 140 cooperativas en toda la provincia”, resaltó.
Montoro dijo además que hay otras funciones importantes que el EPAS cumple, como “asesorar al Gobierno” en cuanto al comportamiento de los operadores, “incidir en la calidad de las normas y contratos de concesión” con los diferentes operadores y “proteger al consumidor” para que se cumplan sus derechos.
El justicialista Montoro conduce el EPAS desde hace seis años y ocupa ese cargo en representación del Ejecutivo provincial. Pero en el directorio hay miembros que responden a otras fuerzas políticas. Es el caso del radical Sergio Marinelli, ex ministro de Gobierno de Julio Cobos.
Marinelli utilizó similares argumentos que Montoro para justificar la existencia del EPAS y su rol de control al propio Estado. “Hay juristas, como Pérez Hualde, que aseguran que debe ser así”, enfatizó.
De todos modos, ambos estuvieron de acuerdo con la posibilidad de “rediscutir” el rol regulador del organismo. “Algo debe existir. Sería un retroceso pasar la acción reguladora al ministerio”, dijo Marinelli.
“Más allá de que se puede rediscutir el rol, siempre es bueno que exista un ente regulador, sobre todo cuando hay una situación monopólica con Aysam”, destacó Montoro.
