Cuatro años después de ser acusado de golpear a su pareja, el camarista laboral Gustavo Estrella (56) sigue viviendo en un verdadero limbo judicial: consiguió una suspensión de juicio a prueba (probation) que durará tres años, y por otra parte el Jury de Enjuiciamiento mantiene la causa "cajoneada" y sin resolver.
Pero este "impasse" tiene una traducción económica: por el trabajo que realizaba el magistrado en la Séptima Cámara Laboral se paga (y se seguirá pagando) un sueldo y medio. Es que Estrella está suspendido y por lo tanto cobra el 50% de sus haberes. Y en su lugar la Corte ha designado a una conjueza -Flavia Inés Baños-, que cobra, íntegro, el sueldo correspondiente al cargo.
En Tribunales muchos sostienen que el caso Estrella -un magistrado conocido en el ámbito religioso porque asesoró al Arzobispado y en el mundo del box porque fue jurado- sufre las largas y habituales demoras de todos los procesos judiciales que tienen como sospechoso a un integrante de la "gran familia judicial".
Así, si el Jury no resuelve la situación del camarista, los contribuyentes seguirán aportando para "mantener a un juez y medio" hasta 2021, cuando terminen los efectos de la probation y el juez sea sobreseído. Los haberes de los camaristas están entre los más altos en la escala judicial.
A punto de prescribir
En febrero pasado la jueza del Juzgado Penal Colegiado 2 Miriam Moltó y el fiscal correccional Lauro Monticone validaron una probation por tres años, es decir que se ha dejado en suspenso la acción penal hasta 2021 y luego se lo sobreseería, si no surge ningún inconveniente.
Desde la Corte y desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) sostienen que el fallo no se ajusta a derecho porque se trata de un caso de violencia de género, y por lo tanto se debió hacer un juicio abreviado. Pero, ni la Corte ni el MPF han amonestado o pedido el jury de los magistrados Moltó y Monticone.
Es que el probation se cerró por lesiones leves agravadas por el vínculo y el caso nunca estuvo agravado por "violencia de género".
"La causa, desde el aboque hasta la elevación a juicio, nunca estuvo agravada por violencia de género. Por lo tanto, no hay ningún obstáculo legal para que se dicte una probation", aclaró ayer Roberto Lavado, abogado defensor de Estrella.
El letrado explicó que cuando el caso llegó a la Corte provincial se desestimó un pedido suyo solicitando la extinción penal del hecho a través de una reparación integral en metálico.
Pero en ningún momento se indicó que se realizara un cambio de calificación, por lo que el expediente siguió por lesiones leves agravadas por el vínculo. La convivencia de la pareja era reciente e incluso hubo denuncias cruzadas, por lo que el instructor del caso -Daniel Carniello- no pudo calificarlo con el agravamiento de "violencia de género".
"Acá se le ha dado la reparación integral a unos rugbiers imputados por lesiones graves agravadas por la alevosía y no querían darle a Estrella por lesiones leves. Por otro lado la Procuración baja la línea de excluir la reparación integral en casos de violencia de género, y esto también es discriminatorio. La politización del Poder Judicial termina poniendo en aprietos a todos", opinó Lavado.
Por otra parte, la decisión de Moltó y Monticone era la única posible porque la causa -por las demoras de la Corte en bajar el expediente- estaba a punto de prescribir. Si se negaban a la probation, el defensor iba a casar la medida e irremediablemente iba a prescribir. Lavado recordó que la causa civil se resolvió en un arreglo extrajudicial y la mujer recibió un millón de pesos (el precio en ese momento de un departamento).
Denuncia
En mayo de 2014 la novia de Estrella denunció al camarista luego de que la golpeara e intentara ahorcar con su propio cabello.
Carniello lo imputó por lesiones leves agravadas por el vínculo y en agosto solicitó al Jury el desafuero para seguir investigándolo. Además, la mujer solicitó que se lo juzgue por "un desorden de conducta", que es una causal habilitada por la Ley de Jury para destituir a un magistrado.
El Jury -un tribunal conformado por la Corte y legisladores- aceptó los dos cargos en mayo de 2014 y luego decidió -tal como hace con todos los magistrados- que definiría su situación cuando terminara el proceso judicial.
Este largo impasse, entonces, se podría extender hasta 2021, cuando termine la probation. Y, en ese caso, hasta ese momento se seguiría pagando por el cargo un sueldo y medio.
Problemas
El procurador general, Alejandro Gullé, ha presentado recientemente en el Jury de Enjuiciamiento un pedido de pronta resolución del caso.
"Este caso, para bien o para mal, debería haber sido resuelto sin esperar el tema judicial, sino por inconducta, tal como se hizo con la fiscal viajera Anabel Orozco. Sólo habría que desempolvar el expediente", opinó una fuente judicial que conoce el funcionamiento del lento tribunal mixto.
Para agregarle una frutilla a la torta, esta semana la abogado Carolina Jacky solicitó un juicio político a Jorge Nanclares, Oscar Llorente, Mario Adaro y Julio Gómez por, entre otras cosas, su actuación en el caso Estrella y por no capacitar en violencia de género.