Un simple trámite jubilatorio de adhesión a la reparación histórica propuesta por la Anses e iniciada hace varios años atrás, hoy transita los despachos de la Justicia Federal en donde el organismo nacional deberá responder a un pedido de registro y secuestro.
Aquella ley N°27.260, establecía que ese beneficio sería instrumentado "mediante acuerdos realizados entre la Anses y los beneficiarios", sin embargo no es el caso de don Humberto Domingo Raggio, de 84 años y discapacitado, jubilado desde el año 1999 y que, a la fecha, percibe un haber mensual de 15.976 pesos.
Por eso en el año 2016, considerando que era parte de los beneficiarios cuyos montos estaban injustamente liquidados, decidió avanzar en los pasos dados por la Anses y así resultar acreedor del programa mencionado.
Así fue que el 28 de setiembre, en la sucursal de Godoy Cruz, le explicaron la propuesta transaccional que hacía Anses para que obtuviera una mejora en sus haberes jubilatorios, renunciando a la posibilidad de hacer un litigio y teniendo en cuenta la celeridad y automaticidad de la transacción que le propusieron, la propuesta fue aceptada por el jubilado durante un turno de homologación, asesorado para realizar la propuesta por el abogado Javier Angelett.
Este trámite se concretó el 26 de enero de 2017, en la sucursal del Anses de calle Barcala de Ciudad, donde le comunicaron que la respuesta sería dada en "tres meses".
Sin embargo la realidad fue y es otra: "en el tiempo transcurrido hasta hoy, no ha sido destinatario de absolutamente nada de lo que fue la propuesta y funciones del programa", según se expresa en la denuncia que firma el abogado Alejandro Acosta, agregando más adelante que "eso, es desconocer los derechos y tutelas que el jubilado y discapacitado tiene en nuestro ordenamiento; además de menospreciar la misión y tarea de la misma Anses, por eso la necesidad de investigar el caso, sus pasos, avance, estado y demás condiciones de realización".
Los delitos
Y después de señalar que "en este caso podemos decir que existe una conducta que encuadraría en las previsiones de los artículos. 248 y 249 del Código Penal. Es decir, existe un incumplimiento de los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad basado en omisiones de realizar funciones las cuales hubiesen permitido un correcto trámite para el demandante" y ante la falta de respuesta del órgano nacional, en la fecha se presentó ante el juez federal Walter Bento, un pedido de registro y secuestro.
Entre los puntos sobresalientes se destacan que: "ante la actitud rebelde del Anses, que no ha contestado los reiterados oficios", se pide una orden de registro de la dependencia, en los términos del artículo 224 Código Procesal Penal de la Nación. Reclamando el "secuestro todas las actuaciones, legajos y/o constancias de Humberto Domingo Raggio que posea la institución".
Y finaliza: "Estos pedidos están motivados en la necesidad de contar con tales constancias para determinar si efectivamente se ha cometido un ilícito penal en la modalidad y extensión denunciada y en los efectos negativos que puede tener una dilación más prolongada, considerando que el jubilado tiene 84 años y una discapacidad de gran envergadura, como se encuentra acreditado en la causa".
Fuera del expediente, consultado el abogado Acosta, confió: "la investigación es muy importante, no queremos pensar que puede existir un negocio con el dinero de los jubilados quienes después de trabajar y aportar toda la vida son sometidos a mayor sufrimiento y dolor en su vejez por parte del Estado".
