El haber superado las 200 víctimas fatales en incidentes de tránsito en los primeros siete meses del año, pone a Mendoza en la incómoda situación de ser uno de los estados argentinos con más siniestralidad vial y también con más mortalidad vial. Una penosa realidad contra la que no parece haber antídoto posible, pese a campañas, recomendaciones y congresos que brindan un sinnúmero de advertencias para que el circular por la vía pública no sea un drama constante.
En el primer semestre hubo en el territorio un fallecido por cada incidente grave de tránsito que se registró, índice que se incrementó de manera notable en febrero y en junio pasados, a raíz de los percances con transportes de pasajeros que acaecieron (en el sur provincial y en las cercanías de Las Cuevas), que se cobraron la vida de 35 personas.
Pese al casi constante pesimismo que provoca esta dolorosa realidad del tránsito y al hecho de que no se le encuentra una solución, estamos dispuestos a conceder una cierta expectativa de éxito al proyecto de ley enviado al Senado por el Poder Ejecutivo que establece la seguridad vial en la Provincia y deroga parcialmente la Ley 6.082 (Ley de Tránsito).
La iniciativa busca evitar, o mejor diríamos disminuir, colisiones, lesiones y muertes en el territorio de la provincia de Mendoza y propender a la movilidad segura. Asimismo, entre sus fines se promueve la incorporación de vehículos con tecnologías de energías alternativas tendientes a reducir la contaminación sonora y las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes; fomentar el desplazamiento peatonal, el uso de la bicicleta como medio habitual de transporte y procurar la planificación y construcción de una red de ciclovías o sendas especiales para peatones.
Se establece asimismo que los municipios deben poseer el espacio físico adecuado para el alojamiento de los vehículos retenidos por infracciones o accidentes viales, algo hoy en mora.
La Ley Nº 6.082 regula la circulación vial y el transporte dentro de la jurisdicción provincial, pero como data de 1993, ha sido sometida a diversas reformas por lo que es un instrumento desordenado y de complicada lectura e interpretación.
Otra novedad que introduce la propuesta del Ejecutivo es la eliminación del Comité de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, creando en su lugar el Consejo Provincial de Seguridad Vial, como órgano de concertación y acuerdo de la política de seguridad vial.
Se incorpora además el Observatorio Provincial de Seguridad Vial, como un instrumento de producción de información estadística y técnica que podría contribuir a la aplicación de políticas acertadas en seguridad vial. De esta forma se podrá producir una información confiable para todos los interesados en el tema. Ahora se disponen de distintos resultados en materia de estadísticas, lo que es muy negativo.
La normativa en gestación establece que la Dirección General de Escuelas deberá incluir obligatoriamente la educación vial como asignatura a dictar en todos los niveles de la enseñanza formal del sistema educativo provincia.
Más complicado será aplicar otro de los presupuestos de este ordenamiento que está en el ámbito legislativo, y que consiste en que los municipios dispongan sus cuerpos de agentes viales y los juzgados administrativos municipales de tránsitos.
No estamos en desacuerdo con esta intención, pero reconocemos que a algunas comunas que aún no tienen policía vial, les costará montar las estructuras respectivas.
El proyecto, como se ve, avanza sobre muchos aspectos y debe ser estudiado con detenimiento y responsabilidad, para que cuando salga como una normativa contribuya a bajar los márgenes tan altos que padecemos en infracciones viales y accidentes, especialmente estos últimos que son causa de muerte y lesiones graves de cientos de personas.
