Cuando todos pensaban que no podría existir -en la lógica- ninguna nueva medida que pueda afectar aún más a nuestra principal industria, la vitivinicultura, la aparición de un proyecto de ley, impulsado por un diputado nacional santacruceño, volvió a encender las luces de alerta en distintos sectores de la actividad.
Porque como consecuencia de erróneas medidas económicas adoptadas a nivel nacional, la industria se ha visto obligada a reducir al máximo los márgenes de ganancia para poder seguir siendo moderadamente competitivos a nivel nacional e internacional.
Más aún, en el caso de aquellas bodegas que exportan, algunos aseguran que están trabajando a pérdida, en la intención de mantener los espacios en las góndolas y a la espera de que la situación se modifique en un futuro mediato.
No es casual la crisis por la que atraviesa la vitivinicultura en la actualidad, porque es sólo un reflejo de todo lo que está ocurriendo con las economías regionales.
Un dólar desfasado respecto de su real valor y una inflación interna importante constituyen un cóctel explosivo que ya ha estallado y que ha generado que las exportaciones argentinas de vinos, que venían con un crecimiento de dos dígitos anuales hasta el 2010, ingresaran en una meseta durante dos o tres años y que luego hayan comenzado a aparecer con sus números en rojo.
Situaciones similares han sido denunciadas por la industria de la fruta en el Alto Valle de Río Negro, por los productores y elaboradores de aceite y de la industria de la aceituna de La Rioja y Catamarca o por los integrantes de la industria de lo que hasta no hace mucho era una actividad creciente, como los limones de Tucumán.
Son sólo tres hechos que evidencian que hay algo que se está haciendo mal a nivel nacional y que pareciera no tener visos de modificación. Con un aspecto agravante, peligroso y preocupante, como es el hecho de que quienes deberían realizar las modificaciones, en lugar de hacer una autocrítica y cambiar, se esmeran en insistir en que el mayor inconveniente se centra en la concentración que existe en la elaboración y comercialización de los productos, intentando generar una grieta entre industriales y productores.
Lo serio del caso es que hay algunos funcionarios nacionales mendocinos, que conocen la situación, pero que se prenden a los discursos de sus superiores en lugar de advertirlos sobre la situación que están generando.
Pero ahora aparece un proyecto que, intentando favorecer la actividad deportiva, busca aplicar un impuesto sobre las bebidas alcohólicas, incluyendo al vino, que generaría un nuevo golpe a la actividad en razón de que significan unos 100 millones de pesos anuales, según las estimaciones de las entidades locales.
Una iniciativa ilógica, si nos atenemos al hecho de que el vino -declarado bebida nacional por parte del propio Poder Ejecutivo- ha sido colocado dentro del rubro alimenticio y que la categoría “vinos” ha sido excluida en la Ley de Impuestos Internos.
Lo curioso del caso es que el impulsor de la iniciativa es un diputado nacional de Santa Cruz -que está demostrando que conoce poco y nada de lo que sucede con las economías regionales- con el preocupante hecho de que es un personaje muy allegado al jefe Máximo (tanto por el nombre como por la interpretación de la palabra) y que por esa “simple” situación, el proyecto puede avanzar en las cámaras legislativas.
En ese mismo esquema, genera dudas de seriedad la afirmación de la diputada nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, al afirmar que defenderá la posición de Mendoza en la Cámara, cuando en realidad debió actuar antes y convencer a su par, con quien comparte el mismo espacio político en La Cámpora, para que directamente no incluya al vino en su iniciativa.
Frente a la situación planteada, surge la necesidad de que las provincias vitivinícolas se unan y actúen en conjunto, enfrentando una medida que, de concretarse, pondrá en juego a toda la actividad, incluyendo la continuidad de miles de puestos de trabajo, que actualmente se encuentran en serio riesgo.
