En el Valle de Uco, la Justicia concretó las primeras condenas por la violación a la cuarentena mediante tres juicios abreviados. Quien dio inicio a este tipo de acuerdos fue Ever Guerrero (24), uno de los implicados en el resonante crimen de Norma Carleti, la empresaria de Tunuyán ultimada de más de 50 puñaladas en su casa en 2018.
Este joven estuvo detenido junto a su padre Juan Carlos y a sus hermanos Kevin y Alexis, acusados por el asesinato de la mujer. Según la investigación de esta causa, Leonardo Hisa -ex marido de la víctima y también imputado- le encargó a Guerrero padre el homicidio, y este mandó a sus hijos a que lo cometieran.
Días después del hecho, Ever quedó arrestado pero la falta de pruebas en su contra lo beneficiaron y fue liberado, aunque todavía no está sobreseído. Sus hermanos y el padre no corrieron la misma suerte y siguen presos.
La libertad le duró poco a este integrante de los Guerrero, detenido hace algunos días por no respetar el aislamiento preventivo, social y obligatorio, infracción prevista en el artículo 205 del Código Penal.
Sin muchas explicaciones, el muchacho aceptó que estuvo en las calles de Tunuyán injustificadamente mientras esto hoy está prohibido, por lo que la acusación avanzó y llegó hasta un juicio abreviado.
Su abogada defensora y la fiscalía acordaron una pena ante la confesión de Guerrero, que fue condenado a 6 meses. Si bien recibió el mínimo de la pena del delito (el máximo es dos años), tendrá que cumplirla en la cárcel al contar con un par de antecedentes, entre ellos una sentencia ya finalizada por resistencia a la autoridad.
A través de esta rápida resolución también tuvieron "castigo" dos hombres más. Uno de ellos es Sergio López (23), capturado cuando circulaba por la vía pública en Tunuyán y que, con su defensora, aceptaron la condena de 9 meses en efectivo. El fallo se unificó en un año y once meses prisión por una pena firme de 2017.
El último caso le corresponde a Juan Antonio Quintana (34), arrestado en Tupungato, quien arregló 7 meses de cárcel. Los acusados en estos casos de incumplimiento de cuarentena terminaron tras las rejas por contar con antecedentes.
El primero en ser juzgado
Quien no eligió el juicio abreviado e irá a "pelearla" en un debate típico es Pablo Bernardo Salinas, aprehendido el 22 de marzo en Guaymallén.
Ayer este imputado tuvo la audiencia de acusación por violar el aislamiento, en donde había posibilidades de llegar al acuerdo de una sentencia. Sin embargo, la defensa reclamó el sobreseimiento al asegurar que el sospechoso -de escasos recursos- aquel domingo andaba por la calle pidiendo comida.
El descargo no fue suficiente para el juez Sebastián Bragagnolo, que avaló las pruebas del fiscal Fernando Giunta para la realización de un juicio.
Salinas está preso por la imputación de este delito y por tener antecedentes y condenas por robos, daños agravados, amenazas y lesiones.
De los 3.068 imputados que hay en Mendoza por la cuarentena, un 20% se encuentra en la cárcel y, de ser encontrados culpables, las sentencias serán en efectivo. Hay otros que están con domiciliaria y la gran mayoría en libertad por no tener roces previos en la Justicia. Estos últimos resolverán sus causas con la suspensión de juicio a prueba, que puede implicar, por ejemplo, trabajos comunitarios.
