José María Campagnoli, el fiscal de instrucción de Saavedra, en Buenos Aires, que había sido separado de su cargo y puesto al borde del juicio político por haber investigado al empresario kirchnerista Lázaro Báez, se encuentra nuevamente en funciones luego de una suspensión que duró siete meses.
Se trata de un duro revés para el Gobierno nacional, que a través de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, buscó desplazar y enjuiciar al mencionado fiscal, en otra clara embestida del kirchnerismo hacia la Justicia independiente y muy especialmente hacia jueces y fiscales decididos a investigar libremente hasta los aspectos más sensibles del poder político de turno.
No en vano, la doctora Gils Carbó es cabeza visible de la corriente oficialista que ha pretendido en los últimos años someter a sus intereses a la Justicia.
El 4 de diciembre de 2013 la procuradora general Gils Carbó había pedido el juicio político, la suspensión y la remoción del fiscal Campagnoli debido a su investigación sobre el empresario Báez, ya que ese mismo día el funcionario judicial firmó imputaciones en una causa por administración fraudulenta y asociación ilícita, con claras evidencias de procedimientos incompatibles con el ejercicio de la función pública que involucraban y vinculaban a funcionarios del Gobierno con la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez.
En todo el tiempo de suspensión y persecución política a Campagnoli el gobierno kirchnerista encabezó una avanzada vergonzosa contra los jueces y fiscales no dependientes del poder que finalmente terminó perdiendo a un costo altísimo.
Con su nueva conformación, el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público no sólo terminó rescatando al fiscal acosado de un injusto final como funcionario público, sino que difícilmente el kirchnerismo obtenga de ahora en adelante los votos necesarios para terminar desplazando a Campagnoli por más que lo intente.
El proceso de suspensión y remoción del fiscal que investigó a un empresario socio del poder, con una velocidad sin precedentes en este tipo de procedimientos, tuvo la osadía de haber sido encarado por presunto “mal desempeño” y “abuso de poder”.
La procuradora Gils Carbó consideró que Campagnoli había forzado su competencia para investigar algo que de ningún modo le correspondía.
Encima, once colaboradores del fiscal desplazado fueron derivados a otros destinos, con la clara intención del Gobierno de desarticular la investigación que se había llevado a cabo.
Afortunadamente, un mayoritario sector de la ciudadanía y el periodismo independiente se mantuvieron atentos a los pasos dados contra Campagnoli, lo cual impidió que el pretendido goce de la impunidad saliera airoso una vez más en esta ya conmocionada Argentina de la corrupción generalizada en los estamentos del Estado.
Con este hecho, los argentinos hemos asistido a una espontánea y firme reconstrucción de principios republicanos que el kirchnerismo ha pretendido burlar más de una vez amparándose en el voto mayoritario de la gente, que no siempre garantiza el ejercicio de una democracia legítima.
