Un fiscal de Estado demasiado sensible

En lugar de aceptar las opiniones, como corresponde a la libertad de expresión en democracia, el fiscal de Estado decidió pedir la renuncia a un funcionario de su organismo que criticó, con absoluta objetividad, a la corporación política.

Un fiscal de Estado demasiado sensible

Si por alguna circunstancia se realizara una encuesta sobre la opinión vertida en una Carta del Lector por el ex director de Asuntos Judiciales de la Fiscalía de Estado, Héctor García Espetxe, respecto de la presencia de ex integrantes de la política en distintos organismos de control del Estado y en el Poder Judicial, podríamos deducir que 90% de la población coincide con los conceptos vertidos por el ex funcionario.

El 10% restante, conformado exclusivamente por la corporación política manifestaría su rechazo, entre ellos el actual fiscal de Estado, Fernando Simón, que -demasiado sensible ante la realidad- en lugar de dar explicaciones, como realmente correspondía, atinó directamente a pedirle la renuncia. Sólo el Partido Demócrata, que no ocupó nunca el Ejecutivo en el actual período democrático salió a respaldar a García Espetxe, mientras el peronismo y el radicalismo, comprometidos por los términos de la carta, mantuvieron un silencio cómplice para con el fiscal de Estado.

La carta del lector de García Espetxe no tiene desperdicios y por eso consideramos oportuno reiterar muchos de sus párrafos. El ex funcionario señaló que “Todos los días aparecen noticias de hechos de corrupción o de irregularidades administrativas. La pregunta es ¿qué pasará con estos hechos y denuncias? Los antecedentes nos indican que no son muchos los casos que se han resuelto. Es obvio que es trabajo de los organismos de control, como la fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial y la Legislatura pero también es obvio que la politización de todos estos organismos les ha quitado toda la independencia que sólo pueden tener quienes ocupan esos cargos sin ser producto de la cadena de favores de la política.

A los hechos me remito. Los que estaban en el Ejecutivo ahora están en la Suprema Corte, en la Legislatura o en el Tribunal de Cuentas. Los que estaban en el Tribunal de Cuentas están en el Poder Judicial, y los que estaban en el Legislativo ahora están en la Suprema Corte, en el Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía de Estado. Si estos cargos no están politizados, que los hechos lo demuestren. Me encantaría equivocarme. Valga como ejemplo los votos para el jury del juez Carniello”.

Luego de hacer referencia a los problemas del sistema sancionatorio, García Espetxe señaló que “La única manera de ganarle (a la corporación política), es que alguien luche contra ellos poniendo en evidencia sus artimañas, pero como estamos ante un interés general es poco lo que pueden hacer los particulares y los que tienen la competencia -por su politización- no les conviene o no quieren resolver, ya que son decisiones que seguro afectarán a alguien de la cofradía política o de sus sponsors”. Indica entonces que la única que puede hacer algo como bastión republicano es la prensa, informando a la gente lo que pasa y lo que no pasa, para que se forme la opinión pública.

Si bien es cierto que García Espetxe ocupaba un cargo que se encontraba fuera de escalafón, razón por la cual es considerado “político”, no es menos real que a lo largo de los años -dos décadas- cumplió acabadamente con su función, aspecto que lo llevó a ser respetado y ratificado por fiscales de Estado anteriores. Respecto de Fernando Simón, hubiese sido mucho más oportuno que aceptara la opinión de su subordinado, porque al fin y al cabo la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia.

Paralelamente, debió también ser sensible en su respuesta, ya que afirmó en un reportaje radial que él fue “designado y acordado por el Senado”, cuando en realidad la Cámara Alta sólo aprobó, por el sistema de bolillas en una votación muy ajustada, el pliego “enviado” con su nombre por el Poder Ejecutivo.

La corporación política debe tener mucho cuidado con sus actitudes. La gente, que con su voto aprueba y castiga las gestiones gubernamentales y parlamentarias, también reclama transparencia, y si este concepto no se cumple se corre el peligro de que la reacción se vuelque en reclamo contra la dirigencia en general, como sucedió a principios de este siglo.

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