Un capítulo de la novela judicial por la enmienda al artículo 198 tendrá su fin la semana que viene cuando la Corte resuelva la cautelar. Pero ese fallo estará pregnado de hedor político: cuatro recientes ex funcionarios del Ejecutivo habrán intervenido, directa o indirectamente, en él. Todos ocupan hoy cargos vitalicios, es decir que sus decisiones deberían trascender la coyuntura política, pero nadie que no sea ingenuo podrá leerlas como ceñidas exclusivamente a derecho.
Uno es Ricardo Canet, el Asesor de Gobierno, que hasta hace 3 meses fue subsecretario Legal y Técnico del radical Alfredo Cornejo. Ayer le estampó su firma a la recusación del supremo Mario Adaro en nombre del Gobierno.
Después está Fernando Simón, el Fiscal de Estado, quien durante el gobierno del peronista Celso Jaque ocupó el mismo cargo que tuvo Canet. Él debe ahora sentar posición en nombre del Estado sobre si es válida la cautelar del PJ (el partido por el que fue senador antes de ocupar este cargo).
Finalmente, en la Corte están el propio Adaro y Dalmiro Garay, ex ministros de Gobierno de Jaque y Cornejo, respectivamente. El segundo podría intervenir si el tribunal decide resolver la cuestión en fallo plenario, es decir con los votos de los 7 jueces supremos. Allí también entraría en juego el magistrado Julio Gómez, que fue senador peronista en los ‘90.
Quedarán así a la vista las consecuencias de la mala costumbre de todos los gobernadores de designar en cargos clave a hombres de su confianza. Es decir, de poner la política delante de la institucionalidad.
