Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
La organización Mundial del Comercio (OMC) fue la última creación multilateral, en las cuales los países pusieron marcha una serie de acuerdos que se venían negociando en diversos acuerdos. La creación de este organismo fue significativo ya que, al velar por el libre comercio mundial, los países fundadores (entre los cuales está la Argentina) le confirieron poder sancionatorio, facultad que no tienen otros órganos como Naciones Unidas. Por su parte, la Corte Internacional de Justicia de La Haya es un tribunal voluntario, es decir, solo se someten aquellos países que quieren y no pueden ser obligados.
En estos días se conoció que este tribunal, en setiembre de 2012, sancionó a la Argentina por adoptar prácticas contra el libre comercio, como las Declaraciones Juradas anticipadas para pedir autorización para importar, las licencias no automáticas (también restrictivas) y algunos mecanismos informales que aplicaba Guillermo Moreno, como la obligación de exportar algo por el mismo monto de divisas que se requería para importar.
La causa comenzó por una denuncia de tres gigantes, como EEUU, la Unión Europea y Japón, a los cuales se sumaron unos 20 países más. Si bien el fallo es de setiembre de 2012 (las medidas se habían comenzado a aplicar en enero de ese año), Argentina intentó negociar, pero a fines de 2015 se terminó firmando un acuerdo por el cual se le dio a nuestro país un período prudencial para adecuar la normativa, el que vence el 31 de diciembre de 2015, por lo cual el nuevo gobierno deberá arrancar con esta realidad.
¿Qué significa?
Esta decisión implica el fin del cepo a las importaciones, como lo conocemos hasta ahora y permitiría un flujo de comercio más libre, como el que regía hasta 2011. Hasta esa fecha había una serie de medidas restrictivas sobre 400 posiciones arancelarias que protegían a algunos sectores de políticas de subsidios de terceros países (como los duraznos griegos en latas o el aceite de oliva europeo) y otras otorgaban protección a sectores menos competitivos, como calzados y textiles.
El problema con el que se encontrará el futuro gobierno (cualquiera sea su signo) es que tendrá que liberar importaciones con un tipo de cambio atrasado, lo que dará ventaja al sector importador, mientras los exportadores sufren por la falta de competitividad del tipo de cambio. Pero, para poder corregir el tipo de cambio deben tomar medidas serias y creíbles para ir bajando la inflación. No se trata de bajarla de inmediato sino de cambiar las expectativas a fin de hacer las correcciones cambiarias necesarias evitando una corrida inflacionaria que la neutralice.
Es que el cepo a las importaciones es la consecuencia del cepo cambiario. Ante la escasez de dólares debían restringirse las importaciones porque, además, el tipo de cambio estaba atrasado como una estrategia anti inflacionaria que, como sabemos, fracasó con todo éxito por la política monetaria y fiscal expansiva del gobierno.
El tema no deja de ser complejo porque no se trata ya de los clásicos 90 días que puede tomarse un gobierno para ir adecuando las políticas. Solo tendrán 20 días, con feriados de fin de año incluidos, para tomar decisiones acordes al fallo pero evitando problemas. En el medio quedarán varias dudas acerca del respaldo político del nuevo presidente y la voluntad política del mismo para tomar decisiones.
De todos modos, las consideraciones políticas deberán quedar de lado ya que el fallo es obligatorio. El actual gobierno le ha pedido a algunos sectores muy sensibles como textiles, calzados y juguetes que les acerquen ideas que puedan encuadrarse en los reglamentos del Acuerdo General de Tarifas (GATT), como antidumping, licencias no automáticas o salvaguardas, así como medidas no arancelarias, como requisitos de calidad o requisitos técnicos. Todo con la intención de no dejar sectores desprotegidos, pero la mayor desprotección será el tipo de cambio atrasado, que el nuevo gobierno deberá corregir en menos tiempo del que pensaba.
