En una zona sísmica como Mendoza es fundamental estar preparados ante posibles movimientos telúricos. Esto incluye, además de un plan de contingencia, conocer cuáles serán los gastos que deberán afrontarse si un temblor de gran magnitud destruyera total o parcialmente la ciudad. Una investigación patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que comenzó a gestarse hace un año en la provincia cuantifica, entre otros aspectos, las pérdidas económicas que conllevaría la reconstrucción de la urbe.
Los resultados preliminares del estudio probabilístico, que fueron presentados ayer en un taller que se desarrolló en el Cicunc de la UNCuyo, estipulan que la pérdida anual esperada por sismos en Mendoza es de 0,59% del valor de la ciudad. Esto sería equivalente, según explicaron, a cada 200 años levantar la ciudad nuevamente.
Para llegar a este número se hizo una evaluación de amenaza en la que se tuvo en cuenta un estudio de microzonificación de la provincia, elaborado por Juan Carlos Castano, e información provista por la Dirección Provincial de Catastro. “La microzonificación da idea de cómo los suelos amplifican los movimientos. Con la información de Catastro pudimos conocer muchos detalles sobre las edificaciones de Mendoza, cuánto valen, su valor de reposición fiscal y qué tan vulnerables son ante la acción sísmica”, detalló Gabriel Bernal, ingeniero oriundo de Colombia y director técnico de Proyectos de la firma Ingeniar, una de las consultoras que tienen a cargo la investigación.
“Con estos datos se hacen varias cuentas y se determina el riesgo en términos de una curva de excedencia de pérdidas y en particular de la pérdida anual esperada”, indicó. Esa pérdida, tal como precisó, da información sobre cuánto tendría que pagar anualmente, por ejemplo, el propietario de un edificio o de una casa para compensar en el largo plazo todas las pérdidas que van a causar los terremotos futuros. “Es similar a la prima del seguro que le cobran a uno por el auto, por la casa; lo que está haciendo el asegurador es cobrar por anticipado todas las pérdidas que va a tener que cubrir después”, expuso Bernal a modo de analogía.
Esa medida determina niveles de riesgo en la ciudad y se calcula en ‘5,9 al millar’, lo que fue traducido por el ingeniero a 0,59%. “Al valor económico de la pérdida, lo dividimos por el valor expuesto, es decir, lo que vale toda la ciudad y da ese valor”, detalló. Para simplificar el concepto, el ingeniero señaló que sería un valor equivalente a cada 200 años pagar la ciudad otra vez. En otras palabras, serviría para ahorrar ese porcentaje del valor de la ciudad cada año para en 200 años tener fondos suficientes para su reconstrucción.
Para llegar a ese número previamente el equipo de estudio generó un modelo con los posibles sismos que ocurrirán en los próximos 1.000 años. “El catálogo de eventos sísmicos registrados históricos tiene 80.000. Nosotros generamos 190.000 de manera estocástica, es decir que tratamos de complementar para poder considerar los eventos que todavía no han ocurrido y que, según la información sobre cómo se mueven las placas, entre otros factores, es factible que ocurran”, se explayó. En ese modelo se cubren toda las posibles magnitudes de los sismos.
Información para actuar
Con estos datos en la mano y con los resultados finales que estarán listos a mediados de noviembre, el gobierno provincial tendrá que tomar una serie de decisiones para seguir mejorando la gestión del riesgo sísmico. Para Bernal sería recomendable establecer una política de protección financiera para que la ciudad no se vea en una condición de iliquidez en caso de que ocurra un terremoto.
Omar Cardona, consultor del BID oriundo de Colombia y también a cargo de la investigación, coincidió con esta postura. “Tener en cuenta todos los escenarios factibles determina criterios de protección financiera desde el punto de vista económico y del impacto que puede generar en las provincias”, expuso. Según su experiencia, en distintos países los desastres nunca están previstos en el presupuesto.
“Por eso es que son un desastre porque uno no tenía previsto cómo cubrir ese pasivo que se genera en el momento en que se materializa el riesgo”, aseguró el representante de Capra, plataforma de software de código abierto para la evaluación de riesgos que se utilizó para la investigación.
El profesional destacó que el estudio realizado también será de gran utilidad para un proceso de toma de decisiones en términos de planificación, ordenamiento territorial y para insistir en la información pública y educación de la población.
