Si el Estado argentino en sus tres niveles -nacional, provincial, municipal- fuera considerado una empresa, seguramente hace tiempo que habría sido declarado insolvente, camino a una quiebra cercana.
El Estado como organización, como estructura compuesta por normas, recursos humanos y materiales, cuya función es garantizar el buen funcionamiento de la sociedad, que las personas puedan alcanzar el pleno desarrollo de potencialidades, se ha salido de quicio, se ha atrofiado hace ya tiempo.
Ese Estado, del cual depende la subsistencia diaria de una parte de la población, es a la vez fuente de prosperidad de algunos sectores, cuyo nivel de ingresos no guarda relación alguna ni con la economía del país ni menos aún con los servicios que prestan. Peor aún, el Estado se ha convertido en una insoportable carga para los sectores de actividades más dinámicas del país, esa carga ahoga, asfixia, enerva las energías de los quieren hacer, crecer, mejorar.
El repaso de asuntos que muestran la atrofia puede ser interminable, señalemos algunos imposibles de negar porque están a la vista. La presión fiscal para quienes pagan los impuestos, más aún para los que pagan todos los impuestos, el enorme gasto público, ineficiente pero que privilegia a no pocos, la maraña regulatoria que obliga a personas y empresas a dedicar horas y días a realizar inútiles e interminables trámites.
El extraordinario crecimiento en el número de empleados públicos -que a simple vista poco hacen para mejorar la vida de la población- obliga a alquilar inmuebles o construir nuevos edificios para albergarlos.
Por otro lado, dado que los empleados públicos tienen condiciones de trabajo, salarios, vacaciones, horarios mejores que la mayoría de los privados, hemos entrado en un círculo vicioso: hay demasiados de ellos y gran presión de los jóvenes para tener un empleo en el Estado.
Por cierto deben considerarse excepciones, por ejemplo el siempre sacrificado oficio de enfermeros y auxiliares de la salud. Paradójicamente ante el exceso de empleados, aparece la noticia de que en una provincia del norte del país se debe dejar en libertad a narcotraficantes por falta de jueces que los procesen.
Pero lo más grave es que ese Estado enorme, costoso, es cada vez más incapaz de cumplir sus funciones esenciales para los habitantes. Es el caso del delito y la inseguridad consecuente, convertidos en aterradores para todos, sin distinción de condición social. Además la producción, distribución y consumo de drogas ha potenciado el delito en cantidad y crueldad.
La violencia, la muerte inútil, la devaluación de la vida humana, corren a la par de la decadencia de la educación, de un sistema mínimo de valores compartidos. Esta situación desemboca en una sociedad en la que impera el “sálvese quien pueda”. Como contracara del delito y la incapacidad del Estado para garantizar la vida y los bienes de los habitantes, éstos deben recurrir a hacerlo por su cuenta.
Se multiplican las empresas privadas que prestan servicios de seguridad, crecen sin cesar los barrios cerrados, las viviendas y edificios enrejados o amurallados.
Con la educación ocurre otro tanto, los habitantes pagan impuestos para sostener un enorme aparato de educación pública, pero la escuela pública, que durante más de un siglo fue modelo en el mundo, hoy es un lugar de donde niños y jóvenes quieren irse y sus familias deben hacer grandes sacrificios para llevarlos a escuelas de gestión privada. Otra vez doble gasto.
Debe señalarse que el crecimiento de la cantidad de universidades estatales es sorprendente, tanto como la baja proporción de estudiantes que se gradúan. Además, son conocidas carreras en las que hay más docentes y empleados que alumnos y no falta algún caso que no hay ninguno que efectivamente curse.
En materia de salud pública, a pesar del enorme sacrificio de profesionales auxiliares para mantenerla en pie, las condiciones de trabajo y estado de los hospitales se degradan constantemente. Ni hablar de las reiteradas agresiones que sufren médicos y enfermeras, especialmente en los servicios de guardia, a manos de delincuentes y sus familiares.
En síntesis, recomponer la estructura y el funcionamiento del Estado será tarea prioritaria del futuro gobierno.
