Hace una semana, el Gobierno logró su objetivo: ganar a nivel nacional y que el resultado de las urnas bonaerenses no se convierta en un obstáculo. Ese respaldo, que legitimó el rumbo, permite estimar un clima favorable hacia las elecciones de medio término y, sobre todo, fortalecer la gobernabilidad con la mirada puesta en una segunda etapa: la de avanzar en las reformas estructurales que sentarán las bases del crecimiento inclusivo y sostenible en el largo plazo.
Con 8,4 millones de votos para diputados en todo el país, un 27,3% más que en las PASO de 2015 (según el escrutinio provisorio), Cambiemos seguirá siendo una alianza minoritaria en ambas cámaras del Congreso, pero su posición se robustecerá significativamente mejorando su capacidad de negociación con los legisladores y con los gobernadores.
Así, veinte meses después de su llegada al poder, el presidente Mauricio Macri sigue contando con un sólido respaldo. Su coalición se impuso obteniendo un triunfo en provincias que hasta el domingo pasado eran adversas, como Córdoba, San Luis y La Pampa, y logrando un empate -hasta el momento- en el distrito más importante del país.
Es una gran señal la que dio la ciudadanía. En su voto de confianza, optó por la institucionalidad y por una política ajena a las discrecionalidades y las soluciones de corto plazo.
Es hora de que la política económica demuestre que está a la altura del desafío y comience a revertir los graves desaciertos de la historia reciente. En más de treinta años no ha logrado mostrar resultados positivos y los problemas sociales, lejos de mejorar, han empeorado: la pobreza en 1983 era de 16% y fue creciendo hasta llegar al 30%. Hoy hay 13 millones de argentinos que viven en una situación extrema.
Esto viene de la mano de una informalidad laboral que rondaba el 22% en 1980 y desde hace varios años se encuentra estancada en el 33%. El crecimiento económico también es desalentador: sólo 2,2% anual (1,2% per cápita). Nuestro país creció menos que el mundo (3,1%) y mucho menos que los países en desarrollo (Asia: 7,6%). Encima, este crecimiento fue errático: veinte años de mejora, doce de caída y uno de estancamiento.
Pero el mayor fracaso es la inflación: desde 1983, para fijar una fecha, fue la más alta del mundo con un 71% anual en promedio, mientras que en el mundo fue del 10,4%, con una hiperinflación (1989/90) y una deflación (2001). Se debieron sacar siete ceros a la moneda.
Los efectos negativos son conocidos: perjudica a los más pobres, dificulta hacer inversiones de mediano y largo plazo, genera continuos desajustes en los precios relativos que fomentan una mala asignación de recursos y terminan ajustándose de forma abrupta; desalienta el ahorro en pesos, encarece el crédito e incentiva el atesoramiento en dólares.
Así, la inflación es una de las principales preocupaciones que tiene la opinión pública y es la batalla clave que el Gobierno está decidido a librar y que, de a poco, va reduciendo.
¿Qué factores causaron este retroceso? En los últimos 33 años tuvimos elevados déficits fiscales, una política cambiaria zigzagueante, un Estado cada vez más grande e ineficaz que no presta servicios pero requiere una altísima presión tributaria (la más alta de nuestra historia), una baja inversión, el deficiente mercado de capitales y financiero, un stock de capital humano en peligro por el deterioro de la calidad educativa, el estancamiento de la productividad, la pérdida de competitividad y la limitada inserción en el mundo.
El interrogante es si esta vez se podrá quebrar esa inercia negativa. Si los resultados de las PASO se convalidan en octubre, será momento de profundizar el rumbo. La tarea dependerá del compromiso real de todos los actores y, sobre todo, de un liderazgo político capaz de constituir una agenda que apueste al desarrollo.
Las reformas de la nueva etapa
El Poder Ejecutivo debe concentrar los esfuerzos en poner sobre tablas una reforma tributaria orientada a aumentar la incidencia de los impuestos directos y eliminar los distorsivos (como el impuesto al cheque); alcanzar un nuevo acuerdo fiscal con las provincias en el que se analice el nivel de gastos, empleo público y de ingresos brutos; impulsar un blanqueo laboral con incentivos para formalizar a los trabajadores y, de esa manera, mejorar la calidad del empleo y ampliar la base de aportantes; estudiar una reforma previsional que actualice la normativa y permita los aportes voluntarios.
En materia de competitividad, el menú de cambios también es ambicioso e ineludible. Se deberá trabajar junto al sector privado y las distintas organizaciones en la reducción de costos no salariales y la suba de productividad; una mejora en la formación de capital humano, inversión en infraestructura y logística, reformar el mercado de capitales y lograr una radical simplificación administrativa.
Hoy el objetivo prioritario del Gobierno debe seguir siendo el de conseguir inversiones que permitan colocar a la economía en la senda del crecimiento y mejorar la competitividad sistémica.
Sin embargo, para colocarse en ese camino hay una serie de condiciones necesarias que aún estamos lejos de cumplir y la política económica deberá validarlas. Que esto suceda será clave para generar una mejora del crecimiento potencial que dote de sustentabilidad al proceso de expansión.
