Un empresario declaró ayer ante la Justicia que pagó un soborno para ser beneficiado a través de un decreto oficial firmado en 2010 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), informaron fuentes judiciales a medios locales.
El titular de la compañía Emepa, Gabriel Romero, declaró ayer como imputado colaborador, o "arrepentido", en la causa que investiga una supuesta trama de sobornos pagados por empresarios a ex funcionarios kirchneristas.
Romero confesó que pagó sobornos por unos 600.000 dólares para que el Gobierno le extendiera a través de un decreto presidencial la concesión de explotación de la hidrovía Paraná-Paraguay, utilizada por el comercio marítimo desde la capital paraguaya y el este de Argentina hasta el océano Atlántico.
El empresario detalló que realizó el pago en dos cuotas de 300.000 dólares, el primero un día antes de que se publicara el decreto presidencial 113/2010 en el Boletín Oficial, el segundo poco después, informó el diario "La Nación".
Ese decreto, firmado por Fernández de Kirchner, prorrogó sin licitación pública la concesión de la vía navegable, el cobro de peajes y el dragado a la empresa Hidrovías S.A., de Romero y la firma belga Jan de Nul, hasta el año 2021.
Romero reveló además que le entregaba al ex secretario de Trasporte Ricardo Jaime -actualmente en prisión condenado en otras causas por corrupción- un soborno correspondiente a entre el 10 y el 15 por ciento de los subsidios que recibía por su empresa de transporte ferroviario Ferrovías y además le daba una cuota anual de 500.000 dólares para asegurarse el control de los negocios ligados al transporte, informó "La Nación".
El miércoles, el empresario Aldo Roggio había declarado ante la Justicia que tenía que pagar a Jaime un 5 por ciento de los subsidios que recibía su firma Metrovías por la concesión de la red de subterráneos de Buenos Aires.
La investigación judicial se basa en los ocho cuadernos escritos entre 2005 y 2015 por Oscar Centeno, el chofer del ex "número dos" del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, uno de los 14 detenidos por esta causa.
La Justicia investiga si los ex presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa y sucesora (2007-2015) lideraron una supuesta asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio del otorgamiento de contratos de obras públicas, precisó en su momento el fiscal Carlos Stornelli.
En los cuadernos, el chofer describió con sumo detalle las fechas, las direcciones, los nombres y los montos de dinero de los supuestos pagos de fondos de empresarios a funcionarios. Precisó además que el dinero era entregado en bolsos y llevado en algunos casos a la residencia presidencial oficial, la vivienda particular de los Kirchner u oficinas oficiales.
El hombre confirmó ser el autor de esos manuscritos, al tiempo que varios empresarios nombrados en ellos confesaron haber hecho pagos ilegales al kirchnerismo. Algunos dijeron que eran para financiar campañas electorales y otros hablaron de sobornos.
Las declaraciones hoy del ejecutivo de Emepa coinciden con una anotación de Centeno en los cuadernos, precisaron las fuentes judiciales.
Los dichos de Romero podrían ser también utilizados en otra investigación sobre supuestas irregularidades en la concesión de la hidrovía.
