En su resolución, el juez Ercolini para garantizar el eventual recupero del dinero robado al Estado dispuso una inhibición general de bienes de Cristina Kirchner, de otros ex 15 funcionarios y del primo del ex presidente, Carlos Santiago Kirchner, quien por primera vez quedó complicado en una causa judicial.
Es una medida sin precedentes por la amplitud del congelamiento de bienes, aunque los acusados tuvieron años para esconder bienes o insolverse en forma fraudulenta.
Ercolini aceptó el criterio del fiscal Gerardo Pollicita de que habría habido “un plan sistemático” para que los Kirchner se apropiaron de fondos públicos a través del dueño de Austral Construcciones. Sin embargo, no contestó al pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) de que la inhibición alcance a la sucesión de Néstor Kirchner.
Como Pollicita había pedido embargos para eventualmenterecuperar los fondos públicos sacados al Estado por sobreprecios y otras maniobras, Ercolini congeló también los bienes del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, del ex secretario Obras Públicas, José López, del ex titular de Vialidad Nacional y operador principal de los K, Nelson Periotti, del ex secretario de Viviendas, Abel Fatala y de Lázaro Báez.
La medida también alcanza a ex funcionarios de Vialidad Nacional y Vialidad de San Cruz que según Pollicita, había participado para permitir la transferencia irregular de fondos a Báez: Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez, Héctor René Jesús Garro, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez, Juan Carlos Villafañe, Ernesto Eduardo Morilla, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda.
En su resolución, Ercolini dijo que estás medidas las tomó sin “sin perjuicio de las inhibiciones generales dispuestas oportunamente por los diferentes magistrados del fuero”, como Claudio Bonadio en las causas dólar futuro o Los Sauces.
Por esa razón, comunicó las inhibiciones a “todos los Registros de la Propiedad Inmueble de la República Argentina, a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, Registro Nacional de Buques y de Aeronaves, al Banco Central de la República Argentina, al Studd Book de la Asociación Civil Jockey Club, a la Comisión Nacional de Valores, al Mercado de Valores, a la Caja de Valores S.A., a la Inspección General de Justicia, y a los restantes organismos equivalentes a este último de todas las provincias”.
El juez dijo que todos esos organismos o asociaciones deben informar de “cualquier tipo de acción, operación o medida vinculada con relación a las personas físicas referidas”. CC
