La decisión del intendente de Larroque, Entre Ríos, Darío Benedetti, de devolver más de 13 millones de pesos de un presunto sobreprecio que detectó en una obra pública ejecutada por su antecesor y financiada por el Gobierno nacional, debe constituir un ejemplo para el resto de los funcionarios nacionales, más allá de la importancia del cargo que ocupen, porque es una manera de recuperar la credibilidad de la gente en aquellos que tienen la responsabilidad de administrar las finanzas del Estado.
Larroque es una pequeña localidad de Entre Ríos, de pocas cuadras de extensión, que creció en las adyacencias de la estación del ferrocarril entre las ciudades de Gualeguay y Gualeguaychú. La actividad económica es escasa, acorde con los poco más de 7 mil habitantes que residen en ella.
Hasta el momento, habría pasado a la historia por el hecho de que allí nació Alfredo Yabrán, el tristemente célebre empresario que creció exponencialmente durante el gobierno menemista, que estuvo involucrado en la muerte del fotógrafo José Luis Cabezas y que terminó con su vida disparándose un tiro en la cabeza, en un hecho que, para muchos, sigue aún generando muchas dudas.
Pero ahora los habitantes de Larroque cuentan con un hecho significativo para sentirse orgullosos: se trata de la decisión del intendente de Cambiemos, Darío Benedetti, de devolver dinero por un supuesto sobreprecio en una obra pública. El Gobierno nacional había girado un monto de 13 millones de pesos para terminar de pagar la inversión total de 21 millones que costó la pavimentación de 14 cuadras.
Sin embargo, un peritaje realizado por las actuales autoridades municipales, permitieron establecer que la obra podría haber costado como máximo 5,4 millones, lo que determina un sobreprecio de 15,6 millones. El jefe departamental no sólo devolvió el dinero a la Nación sino que decidió iniciar acciones legales contra su antecesor, Raúl Riganti, del Frente para la Victoria, contra la empresa OIC S.A. y contra los funcionarios municipales que firmaron la licitación.
En declaraciones públicas, el intendente Benedetti se limitó a señalar que "el dinero (del pago de la obra) iba a ir a los bolsillos de la corrupción y yo lo que menos quería era pagarle a la corrupción", destacando entonces que "yo le había dicho a Rogelio Frigerio (ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación) que si el Estado nacional me decía págale a esta gente de la empresa, daba un paso al costado y me retiraba de la función pública".
Calificó al hecho como "un aporte que podemos hacer a la Patria" y exhortó a otro funcionarios a adoptar decisiones similares, al señalar que "espero que esto sea un granito de arena y sirva para que muchos intendentes y muchas juntas de gobierno que por ahí vean desfasajes como éste, se animen a denunciarlo y ayudar al país para salir adelante".
La actitud del intendente tuvo trascendencia nacional, pero lamentablemente fue cubierta por la catarata de denuncias de corrupción que continúan surgiendo día tras día y que involucran y ponen un manto de dudas sobre las más altas autoridades del Gobierno nacional de la gestión kirchnerista y donde la Justicia deberá actuar con la seriedad, la profundidad y la celeridad necesaria para transparentar la situación y evitar toda sospecha.
En una Argentina donde muchos se aprovechaban de la gestión pública para crecer personalmente, la actitud del intendente de Larroque constituye una bocanada de aire puro, que necesita ser imitada para que los argentinos recuperen la confianza en sus autoridades.
