Los reclamos venían sucediéndose a nivel de varios sectores, entre los que sobresalía la vitivinicultura, pero ahora fue una entidad central, que nuclea a la gran mayoría de los empresarios mendocinos la que salió a denunciar lo que está sucediendo en el plano de la producción y el comercio. La frase "las economías regionales no dan más" lo resume todo.
Un planteo que es coincidente con lo que se denuncia en otros lugares del país, frente a un Gobierno que hace oídos sordos y mantiene políticas económicas que profundizan la crisis que afecta a la producción en el país.
Quizás por el simple hecho de que se trata del sector más ordenado de la actividad agrícola provincial y también el más controlado, la vitivinicultura viene señalando los graves problemas que deben enfrentar en lo que a exportaciones se refiere, en razón de que la fuerte inflación interna, sumado a un dólar desfasado, hace cada vez menos competitivos a los vinos argentinos en los mercados internacionales.
Una situación similar se plantea con otras actividades, como la olivícola o la horticultura y, pese a las reiteradas denuncias formuladas a nivel nacional, el Gobierno insiste con su política. Todo ello englobado en una situación política en la que el gobierno provincial no efectúa los reclamos con la fuerza que la situación exige, mientras los legisladores nacionales en muchos de los casos parecieran anteponer el "mandato partidario" a lo que les determina el mandato del pueblo y la defensa de la provincia.
La Federación Económica de Mendoza se sumó a los reclamos y los concentró en problemas puntuales. Así por ejemplo, rechazó el reciente incremento en los combustibles, en razón de que impacta directamente en el transporte de cargas, en toda la cadena de distribución, en el bolsillo del consumidor y en las pymes, esencialmente en una provincia como Mendoza, que se encuentra a más de mil kilómetros del puerto, para los exportadores y del principal centro de consumo, para el mercado interno.
Dice que el aumento en los combustibles semeja a un incremento cada 30 días en la presión tributaria y manifiesta su preocupación con miras al futuro al destacar que, como beneficia al componente impositivo, es muy factible que las subas continúen hasta fin de año. Con toda lógica se pregunta qué hacen los representantes de Mendoza en la empresa nacionalizada.
Destaca que la inflación y la pérdida de rentabilidad están liquidando a la producción y a los productores, muchos de los cuales están dejando de realizar las tareas culturales en sus fincas, afirmando que el reclamo que se realiza viene de años, sin respuestas, reconociendo que existen factores externos que influyen en la situación, a la vez que reclama la necesaria sanción de un proyecto que impulsa la utilización de mosto para la edulcoración de bebidas gaseosas, lo que podría tonificar la actividad vitivinícola. Dice, en este caso, que existen "buenas intenciones" para reavivarlo, pero que se necesitan hechos concretos.
El Gobierno provincial no escapa a las críticas, al hacer referencia a la presión impositiva y al plan de pagos implementado y rechaza el canon que se le quiere aplicar a los propietarios de camiones en un predio que construirá una UTE en Uspallata, asegurando en ese plano que en el contexto recesivo por el que atraviesa el sector, una medida como la proyectada es, por lo menos, inoportuna, pidiendo entonces la participación de los afectados en la discusión.
El Gobierno nacional, principal responsable de lo que está sucediendo con las economías regionales, debe cambiar de política. Pero para que ello se concrete es necesario que tanto el Gobierno provincial como los diputados nacionales por Mendoza actúen, de una buena vez, con la fuerza y la coherencia que la situación exige, por más que nos encontremos a menos de seis meses del cambio en la conducción del país.
