El gobernador Francisco Pérez y la senadora nacional Laura Montero, sostuvieron ayer un duro cruce de acusaciones en torno a la responsabilidad por la concesión de doce áreas petroleras en Mendoza hace seis años.
La tenida se produjo sobre el final del primer día de trabajo del plenario de comisiones del Senado que discute el proyecto para reformar la ley de hidrocarburos que consensuaron el gobierno de la Nación y los de las provincias integrantes de la Ofephi (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).
“Con ella (por Montero) llegó el negocio inmobiliario (petrolero) a Mendoza y está su firma. No está la de (Julio) Cobos porque ya era candidato a vicepresidente de la Nación”, replicó airado el gobernador, ante la acusación que momentos antes le había hecho la senadora mendocina por la UCR. “Los expedientes -la desafió- están a su disposición, senadora”.
Poco antes, Montero, al sostener que el proyecto de ley de reforma de hidrocarburos “deja abierta la puerta para el negocio inmobiliario que se viene detrás de las concesiones petroleras”, había acusado a Pérez de ser el responsable de la adjudicación de aquellas áreas petroleras a empresas sin antecedentes en el negocio, en mayo de 2008, cuando era ministro de Infraestructura de Celso Jaque.
Siete de esos yacimientos terminaron en manos de Ketsal, del grupo Vila-Manzano, que hace tres años transfirió el 80% de los mismos a YPF, cuando aún era propiedad de Repsol.
Pero Pérez le retrucó que esas concesiones venían acordadas desde diciembre de 2007, cuando Cobos era gobernador y Montero estaba a cargo del Ministerio de Economía. “Usted hizo el llamado a licitación con pliegos sin tope de regalías, lo que permitió a empresas, que no calificaban en la actividad petrolera, promesas de regalía que nunca se cumplieron”.
Después de la reunión, el Gobernador dijo a este diario que la semana pasada, durante un acto en Maipú, le pidió a Montero que eludiera sacar ese tema en el debate de las comisiones y la responsabilizó por haber admitido entonces regalías por demás excesivas (23%) en las adjudicaciones al grupo Vila-Manzano, que carecía de antecedentes en el negocio petrolero. Pérez ya se había peleado con la UCR por la mañana, pero por el presupuesto provincial (ver página 3).
La ley posible
Pérez no fue el único gobernador en salir al cruce a la senadora mendocina. También lo hizo el neuquino Jorge Sapag, ante la acusación frontal de Montero a los mandatarios provinciales presentes de que habían acordado el proyecto de reforma a cambio de la refinanciación de sus deudas con la Nación. De hecho, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut quedaron excluidos de la refinanciación correspondiente al tercer trimestre, que finalmente firmaron ayer por todo el segundo semestre del año.
“Es una falta de respeto a los gobernadores”, le replicó Sapag, después de sostener que fueron cinco meses de “duras discusiones y negociaciones” con el Gobierno nacional, “en los que muchas noches perdimos el sueño. Seguramente las provincias no conseguimos todo lo que queríamos y la Nación tampoco. Es la ley a la que se pudo arribar, es una ley posible”. También le recordó que el compromiso de refinanciación de deudas por parte de la Nación es hasta 2030.
La defensa de la reforma a la ley actual, que es de 1968, estuvo a cargo también de los gobernadores de Chubut, Martín Buzzi (presidente de la Ofephi); Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, y Río Negro, Alberto Weretilneck. Por el lado del Gobierno nacional lo hicieron el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el ministro de Planificación, Julio De Vido.
La senadora Montero no paró allí en sus críticas al proyecto. Sostuvo que con él “se están dando los recursos, que son de las provincias, a las corporaciones petroleras”, y preguntó en ese sentido por qué no figura en el texto “cuál es el criterio para saber si se ha cumplido o no el plan de inversión de las empresas (al momento de la renovación del contrato) y cómo (los gobernadores) piensan frenar el negocio inmobiliario”.
Pérez, por su parte, respaldó el proyecto porque “en ningún momento se tocan los principios de autonomía de las provincias”, que tendrán la facultad de “decidir cómo y cuándo se licitan” y de conceder las prórrogas de permisos y concesiones que estarán sujetas al cumplimiento de cláusulas contractuales. También apuntó que el proyecto establece “la responsabilidad social empresaria”, así como montos de inversiones mínimas en los primeros tres años.
Sostuvo además que “el marco jurídico nos parece muy atinado” y resaltó que “es muy importante” que la ley imponga “un criterio uniforme” para todo el país.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Energía y Presupuesto, escuchará hoy al titular de YPF, Miguel Galuccio, y a expertos convocados por la oposición. La decisión del oficialismo es aprobar esta misma noche un dictamen para tratar el proyecto en el recinto el miércoles 8, anticipó el jefe de su bloque, Miguel Pichetto.
La premura fue rechazada por los radicales, que dejaron entrever que votarán en contra, aunque su posición oficial la fijarán mañana en una reunión del Comité nacional partidario.
Finalmente, Mendoza firmó prórroga de la deuda
A diferencia de lo sucedido hace dos meses, cuando sólo 13 provincias (de las 17 que poseen deuda) acordaron con la Nación el trimestralmente renovable pacto de desendeudamiento, ayer Mendoza logró firmar un nuevo acuerdo para prorrogar pagos de la deuda que mantiene con el Gobierno nacional, logrando de ese modo reprogramar el desembolso de $ 160 millones por los últimos seis meses de este año.
Fue el corolario de una historia que comenzó el 30 de julio pasado, cuando la presidenta Cristina Fernández dejó afuera a Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro, precisamente las cuatro provincias productoras de petróleo que habían cuestionado el proyecto de nueva ley de hidrocarburos, que ahora se encuentra en plena discusión en el Congreso (ver aparte).
Ayer, luego de superadas las diferencias a partir de la puesta en común entre las provincias díscolas y la Nación del proyecto de marras, la Presidenta, en un acto en la Casa Rosada, accedió a firmar con ellas el Programa Federal de Desendeudamiento para el último trimestre del año, aunque para Mendoza fue para los dos últimos trimestres de 2014, equivalentes a dos cuotas de $ 80 millones.
El gobernador Francisco Pérez nunca convalidó la teoría de que la exclusión anterior de Mendoza y las otras integrantes de la Ofephi se debió a una represalia nacional por la oposición al proyecto de ley hidrocarburífero. “El desendeudamiento nunca se tocó”, había dicho el mandatario al respecto.
Efectivamente, más allá de que en los anuncios Mendoza no fue tenida en cuenta, la Nación nunca descontó de la coparticipación los $ 80 millones del tercer trimestre, aunque no es menos cierto que el Gobierno provincial consultaba todos los días si eso había ocurrido o no. Sólo estuvo tranquilo cuando el 16 de setiembre firmó el “Acuerdo federal para el autoabastecimiento de hidrocarburos”, que abrió las puertas al nuevo proyecto.
“Este pacto de desendeudamiento nos trae alivio financiero porque esa plata podrá utilizarse para otros fines”, dijo anoche el ministro de Hacienda mendocino, Juan Antonio Gantús, sobre lo firmado por Pérez minutos antes. Agregó que “Mendoza podrá disponer de unos $ 300 millones” correspondientes a la postergación de los trimestres de 2014 que ya fueron pactados.
Pero además de este pacto federal, el gobernador y el ministro viajaron a la Capital Federal para profundizar las gestiones en el Ministerio de Economía en afán de destrabar la autorización nacional para que Mendoza pueda endeudarse por $ 1.000 millones. "Economía sigue analizando nuestra situación y seguimos insistiendo. Esperamos que se resuelva pronto" dijo Gantús sobre esa postergada autorización que permitirá a Mendoza buscar créditos. / Horacio Meilán
