El gobernador electo, Rodolfo Suárez, prometió en su campaña avanzar en el desarrollo minero como una fórmula de ampliar la matriz productiva provincial. Este debate se volvió a instalar rápidamente en la Legislatura provincial. Ante este impulso, muchas organizaciones ambientalistas nuevamente se pusieron en contra de cualquier modificación de la ley 7722.
Todo el impulso de la actividad minera tuvo su origen en la ley 24.196, aprobada por el Congreso Nacional durante el gobierno de Carlos Menem, que, entre otras disposiciones, establecía un régimen de estabilidad fiscal y la posibilidad de una amortización anticipada de las inversiones. Pero la actividad explota en los años 2000 cuando se produce la explosión de los precios de las materias primas. También se establece en la ley que las regalías debían ser un 3% del valor del mineral en boca de mina
El panorama ya se había anticipado mediante normativas en las que varias provincias habían adherido a la ley nacional. Por eso, cuando los precios internacionales de los metales subieron a niveles récord, se aceleraron yacimientos que ya habían sido medidos mientras que otros se comenzaron a estudiar.
Es en esas circunstancias cuando aparece el interés por reanudar la prospección sobre yacimientos en Mendoza y cuando surge la resistencia por parte de distintos sectores que representan ideas e intereses muy variados.
Si bien no se conoce con mucha claridad qué tipo de modificaciones se quiere introducir a la norma cuestionada, sería importante que se dé un debate responsable. Ya no hay espacio a un “sí” porque sí, ni a un “no” porque no. La minería es una actividad económica lícita y es razonable que establezca una reglamentación que regule su ejercicio, como marca la Constitución nacional. Pero la Carta Magna también establece que esa reglamentación nunca puede llegar a imposibilitar el ejercicio de ese derecho.
Es claro que uno de los obstáculos más importantes es el rechazo de ciudadanos que no tienen argumentos técnicos pero encaran una profunda desconfianza acerca de que el Estado vaya a cumplir con el ejercicio del poder de policía, que le corresponde. Siempre, el poder de policía es un monopolio estatal y es obligación de los gobernantes ejercerlo.
Hay que repensar una serie de normativas, que no han sido derogadas, que establecen mecanismos y procedimientos para hacer transparentes los procesos tanto de adjudicación de los permisos hasta los mecanismos de control. La ley 7.722 estableció la obligación de que la manifestación de impacto ambiental fuera aprobada por la Legislatura y, como era de prever, el debate se politizó en lugar de tomar una característica estrictamente técnica. Una de las deudas que tiene la clase política y los gobernantes es la creación de la Policía Ambiental Minera, algo que preveía la ley.
En algunas oportunidades hemos señalado, desde esta columna, la necesidad no sólo de la creación de ese cuerpo sino que marcábamos la importancia de que fueran imbuidos de una mística similar a la que exhiben los cuerpos de guardaparques, famosos por su compromiso y vocación de servicio.
En segundo lugar, sería importante sugerir que más que establecer la prohibición de uso de determinados elementos, se establezcan normas de seguridad para el caso que fuera necesaria su utilización, sobre todo en lo ambiental. Pero además de contemplar los cuidados ambientales, hay un tema que no puede soslayarse: la licencia social para el desarrollo de este tipo de actividades. Se debe dialogar y exponer los planes previstos con aquellas comunidades de la provincia que desconfían de ese tipo de actividades a pesar de las garantías.
