Su deseo es recuperar el Club Defensores de Escorihuela. Pero los vecinos de Kilómetro 8, Guaymallén, han encontrado un obstáculo que por momentos parece difícil de sortear: las instalaciones actualmente son pretendidas por el cuidador del lugar, que vive allí hace varios años y hace unos meses comenzó a edificar en el predio.
El club se ubica en Ángel Rodríguez 874, del distrito Kilómetro 8, y durante la década del ‘50 fue cedido por Industrias Vitivinícolas
Escorihuela -algo que aún no está claro bajo qué modalidad- a un grupo de vecinos y personal de la firma con el objeto de recrear un espacio para el deporte y el encuentro social.
En ese entonces, según denunciaron los vecinos que reclaman, la comisión directiva encaró la construcción de canchas de fútbol y bochas, una pista de baile y hasta destinó una casa antigua para que sirviera como vivienda del encargado, sede social y cantina.
Durante muchos años supo ser el punto de encuentro de toda la comunidad, pero con el paso de los años fue pasando por distintas administraciones hasta que recayó en las manos de Marcelo Giménez, quien reclama ahora el título supletorio.
El hombre -en la entrada del predio- aseguró que vive allí desde antes del año 2000 y que fue colocado en sus funciones por las autoridades del club. Después, mandó a Los Andes a hablar con su abogado. Mariano Servente, el letrado en cuestión, explicó luego que su cliente ha ocupado el lugar de manera “continua y pacífica” durante más de 20 años y es por ello que inició los trámites para obtener un título supletorio.
Un club de pueblo
Un corto recorrido por la zona permite observar que se trata de un club en el corazón de una zona que durante muchos años aglutinó a los vecinos de la comunidad, actualmente calculada en 15 mil personas.
Kilómetro 8 es uno de los últimos distritos de Guaymallén hacia el Este, junto con La Primavera. Allí el servicio de colectivo es restringido, solo hay recolección de residuos una vez por semana y no hay gas natural. Es una zona rural característica con fuerte presencia de la colectividad boliviana y de productores de hortalizas. Allí, el club Defensores de Escorihuela era el punto de reunión, donde se hacían deportes y bailes por las noches.
Actualmente se llega al lugar -demarcado por un cierre perimetral de alrededor de 1 hectárea y media- por una calle de asfalto semi mantenido aunque antes era un callejón de tierra, en cuyos extremos se encuentran la escuela Rafael Aguirre y una que aún no posee denominación. En el frente se observan, al menos, dos canchas de fútbol de tierra con reflectores, la casa del cuidador, una edificación inconclusa y centenarios árboles eucaliptos a la vera de la calle.
También puede verse que hubo una tala reciente de moras. Para el ojo desprevenido, el lugar dista mucho de ser lo que se considera un club barrial y tranquilamente pasa como una propiedad privada.
“Este fue un club del pueblo. Había mucho espacio libre y una cancha de bochas que ya no está”, dicen los vecinos que se reservan su identidad. En fotos antiguas puede verse que la “casaca” oficial del club era similar a la de River Plate y que los jugadores de bochas vestían pulcramente de blanco.
Los vecinos reconocen que con el transcurso del tiempo nadie se hizo cargo del lugar, la comisión directiva no se renovó y que todo quedó bajo la responsabilidad del actual cuidador. Paralelamente, hasta el momento la única prueba de que allí hubo un club, además de algunas fotos viejas, es una boleta de Irrigación.
“Era un lugar a tono con la necesidad de la gente. Los días de deportes venían las mujeres con las ollas y la comida”, afirman los lugareños y agregan que quienes no tienen posibilidad de ir hasta el centro de Guaymallén se quedarían sin un club. “El club empezó a decaer cuando los viejos empezaron a decaer”, describen.
Los vecinos han presentado un pedido a la Dirección de Personas Jurídicas para crear una nueva comisión directiva y regularizar la situación. Una vez obtenido el papel que los autoriza, presentarán en el juzgado pruebas para demostrar que siempre fue un lugar público, más allá de que no esté formalmente asentado, y así reanudar las actividades.
“No pretendemos echarlo de la casa. Lo que no queremos es que se quede con el resto del terreno. Creemos que es una injusticia que quede en manos privadas”, dijeron respecto de Giménez.
No es un capricho
Según el abogado de éste, el pedido que ha hecho a la Justicia no es caprichoso sino que se basa en que vive allí hace más de 20 años. Además, según consta en el expediente 250876 -facilitado por los vecinos- iniciado en agosto de 2014, Giménez accionó contra el gobierno de Mendoza por prescripción adquisitiva - titulo supletorio o usucapión- en el juzgado civil número 21 y no contra los vecinos.
“Nosotros estamos dispuestos a explicar todo, si es necesario con intermediarios presentes. Acá se trata de discernir cuál es la situación y a hablar del reclamo y la necesidad de la gente. La idea es llegar a una solución justa”, manifestó Servente.
El letrado finalizó añadiendo: “Nosotros tenemos entendido que en Catastro no figura como un lugar público pero sabemos que cumple con una función social. Los vecinos deben saber que la demanda es contra el Estado, no es contra ellos. Y tampoco se trata de una postura caprichosa”.
Movimiento de recuperación de clubes de barrio
El reclamo surge en el marco del Movimiento de Recuperación de Clubes de Barrio encarado por el senador justicialista Gustavo Arenas, quien está asesorando a los vecinos para que sepan cómo encarar correctamente la recuperación del club para llegar a buen puerto con las gestiones que deben desarrollar.
Arenas les entregó una carpeta que contiene los textos de los proyectos de leyes creados por él -algunos ya fueron sancionados y están vigentes- para proteger y salvar a las entidades barriales sin fines de lucro que “enfrentan situaciones legales promovidas por terceros para quedarse con los terrenos en busca de hacer negocios inmobiliarios, una práctica que pasó a ser muy común en nuestro país a partir de los años ‘90, con el auge de la avanzada de las políticas neoliberales sobre los recursos del Estado y los derechos populares”, según el senador.
