La vitivinicultura necesita un cambio estructural, de eso ya no hay dudas. Los Andes ha sido testigo de todas las crisis del sector en estos 135 años y la historia parece repertirse una y otra vez.
Las crisis excedentarias se han sucedido a lo largo de varias décadas con el agravante de que los ciclos entre los años “buenos” y “malos” se han acortado.
La mayoría de las veces estos excedentes se justifican en situaciones exógenas a la propia industria y esto ha generado que sólo existan magras “autocríticas” sobre lo que no está funcionando correctamente y debería corregirse.
Es que se puede inferir seriamente que este sector está frente a un problema que va mucho más allá de los propios caprichos de la economía nacional o de los contextos comerciales internacionales adversos, concretamente hay un problema de fondo y puertas adentro.
Algunos números publicados en las páginas de este periódico grafican la situación:
* El mercado interno, responsable por el 75% de nuestras ventas, está en franco descenso.
* Se pasó de comercializar 1.280 millones de litros en 1999 a los actuales 835 millones de litros.
* El consumo pér cápita en Argentina es de 18,7 litros, el más bajo desde 1970.
* Las exportaciones de embotellados -que con un tipo de cambio competitivo y aún con inflación- deberían haber mostrado un buen resultado, tampoco lograron superar el desafío.
* Sí se logró reactivar la comercialización de granel luego de varios años de estancamiento. El diagnóstico sobre los problemas estructurales que atraviesa desde hace años la industria vitivinícola no es nuevo.
De hecho, la Coviar, el organismo público-privado que gestiona y articula las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020, buscaba ofrecer en el largo plazo soluciones de fondo para el sector. Por distintas causas, algunos objetivos se cumplieron y otro no.
Recordemos que el BID destinó 50 millones de dólares para avanzar con los objetivos. Otro desafío para el sector se viene, debido a que el año próximo vence el plazo fijado por el plan y muchos consideran que será el momento para reformular la estrategia.
Se ha invertido una buena cantidad de dinero en sostener a la vitivinicultura a lo largo de la historia de Mendoza, pero otra vez el sector parece estar foja cero. De nuevo, una crisis excedentaria, otra vez el Estado tomando deuda o reasignando partidas para otorgar a esta industria. Hay especialistas que quieren avanzar en el debate sobre cuántas hectáreas de viñedos son las causantes de estas crisis, dónde están y porqué esos productos ya no son demandados.
Están también los que sostienen que es oportuno pensar en un plan de prohibición de implantación de viñedos o generar, tal como se hizo en Europa, un plan de reconversión o de erradicación. Estas inquietudes, debatidas por la industria, deberían ser aplicadas en todo el país para lograr el tan ansiado equilibrio. El fondo anticíclico aprobado en la Legislatura, da una nueva posibilidad de comenzar a trabajar sobre la matriz de la industria.
Es que con el sector público a la cabeza, los privados deberán avanzar en un proyecto a largo plazo. El fondo aprobado de $ 800 millones anuales y que tendrá continuidad durante esta y tres vendimias más, puede ser el puntapié inicial de una verdadera política de Estado transversal a cualquier partido político. Puede ser también, una solución de fondo para la industria madre, entre otras que hay que definir.
Falta que los actores, públicos y privados, decidan discutir las soluciones y las políticas seriamente, pensando en el bien común y los intereses generales.
