Hace 35 años se ideó un método para incentivar a docentes a ejercer su tarea en escuelas ubicadas en zonas alejadas del Gran Mendoza. Se elaboró un sistema con una comisión mixta conformada por el gobierno escolar y el sindicato para categorizar las escuelas.
Transcurridos todos estos años la comisión ha logrado determinar la zona de menos del 50% de establecimientos. Eso generó juicios contra el Estado, es decir contra todos los mendocinos, por cerca de $700 millones. Ese dinero alcanzaría para construir 28 escuelas grandes o 100 jardincitos para unos 100 chicos cada uno.
La actual gestión propuso pagar esa deuda histórica a los 16.000 docentes que han reclamado. Parte de ella tiene sentencia firme, pero la mayoría está en trámite y puede llevar años en definirse.
Las anteriores gestiones nunca pagaron. Ahora se quiere cancelar en efectivo, y de una vez, incluso a quienes todavía no tienen la sentencia.
Luego, en 6 meses, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), un organismo oficial y técnico, elaborará con criterios objetivos un nuevo mapa de zona de Mendoza, privilegiando las escuelas urbano marginales, rurales y ubicadas en cárceles.
Para no cambiar la situación actual de ningún docente y no docente se dispuso que quien hoy cobra zona en una escuela la seguirá cobrando hasta su jubilación, aun cuando esa institución pase a tener otra categoría menor de ese ítem.
La nueva zona correrá solo para quienes tomen cargos luego de la categorización. Cabe destacar que los análisis previos estiman que serán pocas en relación al total, pues la mayoría quedará igual o subirá.
Con el agregado de que hoy un mismo edificio tiene zona en un turno y no en otro y con el nuevo sistema todos los turnos e instituciones que funcionen allí cobrarán igual zona.
Para poder hacer el nuevo sistema el Estado provincial prevé un incremento presupuestario de $400 millones anuales, lo cual muestra que va en alza, pues esa cifra se suma a lo que ya se paga en la actualidad. Las interpretaciones pueden mentir, la matemática no.
Es necesario para la docencia mendocina, pero también para la vida pública, terminar con una larga deuda y empezar con un nuevo sistema que no sea otro conflicto. El pago y la nueva zona deben hacerse juntos para no seguir con los juicios y cambiar para mejor. Es demasiado evidente.
Una anécdota que viene al caso: en las últimas elecciones sindicales, los miembros de la Comisión de Junta por el SUTE se ausentaron sin justificación durante toda la campaña mientras los de gobierno seguían haciendo su tarea.
Así, con el método actual, los docentes pueden esperar cien años más para que haya un sistema de zona transparente y justo.
