El mes de julio marcó un hito para el gobierno porque por primera vez, desde que comenzó su escalada, el precio del dólar bajó un 5%, a la par que el Tesoro emitía Letes para absorber liquidez y hacerse de pesos para financiarse.
Mientras el miércoles 1 de agosto se anunciaban aumentos de tarifas de luz entre 24% y 30% y de gas del 30%; aumentos de transporte público en la zona metropolitana, de la medicina prepaga y de los combustibles, el Tesoro anunciaba un cambio en su estrategia de venta de divisas al mercado.
El equipo de Nicolás Dujovne anunciaba que por tener suficiente cantidad de pesos, iba a reducir la venta diaria de dólares al mercado, que inicialmente se había anunciado de 100 millones durante 75 días. A partir de ese día se cambió a 75 millones durante tres días y desde el próximo lunes será de 50 millones diarios.
Más allá del argumento oficial es claro que el Tesoro está mirando atentamente la evolución del dólar y, según datos de gente cercana a funcionarios, habían detectado una fuerte caída en la demanda de dólares, lo que hacía descender su precio en el mercado. Si hay algo que el gobierno no quiere hacer es repetir errores del pasado y dejar que el precio de la divisa norteamericana se atrase nuevamente.
De hecho, y con una inflación acumulada del 16%, el dólar subió 49% en el primer semestre, pero perdió parte de esta ganancia competitiva en julio, cuando el precio bajó, ante una inflación esperada del 2,8%. La idea compartida entre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular del Banco Central, Luis Caputo, es que el dólar se siga deslizando con la inflación y que se mantenga la actual ventaja cambiaria.
Por otra parte, la decisión, que en ningún momento pretendió ser un cepo cambiario, como algunos deslizaron, se muestra como una decisión prudente de preservar dólares ante cualquier turbulencia internacional. También, están esperando que aumente el flujo de dólares comerciales y que bajen las tensiones en el mercado.
El año 2018 está perdido
Es la frase que domina en los mercados. Con una economía estancada y mayores presiones inflacionarias debido a los ajustes tarifarios, el gobierno aprovecha para meter la presión posible a la baja de los subsidios. Mientras trata de negociar con las provincias un aporte para el ahorro de recursos.
Los datos de la recaudación mostraron, por primera vez, otra cara de la crisis, ya que hubo una caída de casi 5% en términos reales en materia de ingresos fiscales vía la AFIP. A pesar que los ingresos de IVA y derechos de importación estuvieron por encima de la media, el resto cayeron, incluyendo ganancias y aportes a la seguridad social.
Esto también es una muestra de las consecuencias sobre los salarios, ya que la inflación pegó un salto muy grande, no contemplado en los ajustes salariales previstos en las paritarias. Con este panorama, el gobierno no puede descuidarse ya que del cumplimiento de las metas comprometidas con el FMI dependerá el próximo desembolso programado.
Dado que el gobierno está reduciendo las erogaciones de manera muy exigente, se han resentido algunas obras públicas, cuyo ritmo se ha vuelto más lento y, además, hay menos ingresos por la aplicación de algunas cláusulas del acuerdo de Responsabilidad Fiscal con las provincias.
A este ritmo, el gobierno sigue esperanzado de recibir buenas noticias en el último trimestre y que la economía termine creciendo un 1% a pesar de todo. Los especialistas afirman que si termina en cero sería un milagro y hasta podría registrarse un resultado negativo.
Preparando el año 2019
Ya todos saben que las metas para 2019 son ambiciosas, ya que implica alcanzar, como máximo, un déficit fiscal de 1,3% del PBI y esto implica generar una brusca rebaja de gastos por algo cercano a los 300.000 millones de pesos, de los cuales las provincias se harían cargo de 1/3 y el resto la Nación.
Las provincias no quieren ceder nada porque deberían poner la cara y hacer ellos el ajuste y deberían dar explicaciones en sus provincias. Por ahora el gobierno nacional le tiró algunas cosas. De ahora, la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad deberán hacerse cargo de Edenor y Edesur. No es que deban majar las empresas sino hacerse cargo de las tarifas y de los subsidios, que son superiores a los del interior.
Además, les acaba de transferir a cada provincia la responsabilidad sobre los subsidios y los precios del transporte público. Los subsidios de este sector son los más atrasados y están tratando de recomponer las tarifas en el Area Metropolitana (AMBA), con anuncios de aumentos de 1 peso por mes entre agosto y octubre, pero los aumentos de los combustibles les pondrán presión nuevamente.
El gobierno nacional también pretende que los gobernadores se hagan cargo de algunos programas de salud y de otros gastos, como el Incentivo docente. Todo este panorama obligará a muchos gobernadores a recalcular sus gastos y, en muchos casos, sus plantas de personal o sacrificar obras públicas, justo en un año electoral.
El tema de las obras públicas y las formas de contratación estarán cada día más en la mira, después del escándalo que desataron la difusión de los cuadernos de anotaciones del chofer de Roberto Barata, el hombre de confianza de Julio De Vido. Es que la mayoría de los contratistas se siguen presentando a licitaciones y estarán cada día más observados tanto como los funcionarios intervinientes.
Por el lado positivo, las previsiones de una buena cosecha se hacen sentir. Incluso, ante la actual situación de calor extremo en el hemisferio Norte, con pérdidas de producción, se espera que la próxima cosecha de trigo, que se levantará desde diciembre, comience a arrojar buenas noticias y mayor volumen de divisas.
También esperan que, manteniéndose la actual diferencial cambiaria positiva, se ayude a recuperar mercados para los productos de las economías regionales. De la misma forma, esperan un mayor dinamismo en el turismo interno, con menos viajes al exterior, y una mejor afluencia de visitantes extranjeros. El gobierno apuesta a que la reactivación no llegue del consumo interno sino que este se estimule a partir de la mejor actividad que se registre en las exportaciones.
